Redacción
Nueve días después de que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) causara uno de los mayores desastres naturales registrados en España, miles de voluntarios continúan trabajando en las zonas afectadas, realizando tareas de rescate y limpieza. En Masanasa, Valencia, se formaron largas cadenas humanas para retirar el lodo con cubetas, mientras los esfuerzos de búsqueda siguen, con 93 personas desaparecidas y un saldo de 219 muertos, incluido el reciente hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de cinco años en Chiva.
El pequeño, que había sido reportado como desaparecido junto con otros miembros de su familia, fue encontrado en una zona inundada, gracias a la intervención de un equipo de rescate con perros entrenados. El cuerpo fue localizado cerca de una autopista, lo que sugiere que la fuerza del agua podría haber arrastrado al niño a varios cientos de metros. La noticia conmocionó aún más a una comunidad que ya enfrenta el dolor por la magnitud de la tragedia. La identificación de otros cadáveres sigue en proceso en el Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde aún se deben verificar 54 cuerpos.
A pesar del trabajo incansable de los equipos de rescate, la tragedia ha desatado un cruce de acusaciones entre el gobierno central y el autonómico sobre la gestión de la crisis. Mientras tanto, las estimaciones sobre los daños materiales no dejan de aumentar. Según los primeros informes, cerca de 4,600 edificios han sido afectados por las inundaciones, que cubren una extensión de 571 kilómetros cuadrados. De esos edificios, un tercio sufrió inundaciones que oscilaron entre los 50 y 150 centímetros. La devastación también afectó gravemente al sector agrícola, con pérdidas económicas que rondan los 1,089 millones de euros. Los cultivos más impactados han sido los de cítricos, seguidos de frutas caquis, hortalizas y aguacates.
La situación se ha visto agravada por actos de pillaje en los pueblos afectados, y las autoridades informaron que al menos 227 personas han sido detenidas por robos. Estos detenidos han sido enviados a prisión preventiva mientras se espera la resolución judicial.
La gestión de la emergencia ha sido fuertemente cuestionada, especialmente después de que se conociera que la consejera de Interior del gobierno autonómico, Salomé Pradas, admitiera que desconocía el sistema de alertas para alertar a la población sobre eventos como el de la DANA, hasta pocos minutos antes de que la crisis comenzara a desbordar la región. Por su parte, la ministra de Ciencia, Diana Morant, acusó al gobierno autonómico de no haber atendido la crisis de manera adecuada, señalando que la falta de respuesta oportuna será objeto de una revisión de responsabilidades.
Mientras continúan los esfuerzos para recuperar el control en la región, el clima de incertidumbre y la indignación social persisten, mientras la comunidad espera respuestas claras y acciones efectivas frente a la magnitud del desastre.
