Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
- Ganan automovilistas demandas ante el TRICAEM por fotomultas.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México (TRICAEM) confirmó que en el cien por ciento de los casos la ciudadanía que presentó un amparo tras recibir fotomultas se encuentra ganando la batalla legal al gobierno estatal, donde actualmente se atienden cerca de dos mil casos.
Cabe recordar que recientemente la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) reportó que a través del programa “Limite Seguro” se han realizado un millón de fotomultas, y se mantuvo firme en defender que el esquema ha servido para disminuir accidentes viales.
El titular del TRICAEM, Miguel Ángel Terrón Mendoza explicó que el fallo a favor de los mexiquenses infraccionados se ha dado principalmente porque se ha confirmado que el esquema tiene deficiencias en la emisión del documento.
Que -precisó- ha hecho que el TRICAEM haya amparado que el ciudadano se encuentre exento de pagar la multa emitida en la fotomulta.
“Los particulares en un cien por ciento (se encuentran ganando), estamos viendo que hay deficiencias en cuento al formato, la autoridad no está firmando autógrafamente… a veces dice un kilómetro determinado y no se señala con precisión ese kilómetro”, mencionó.
No obstante, Terrón Mendoza reconoció que actualmente en 40 casos el gobierno estatal recurrirá a un recurso de revisión del fallo, para argumentar y promover exentar de las fotomultas a los infractores.
“(El Gobierno) si tiene el recurso de revisión que es la segunda instancia que tenemos y que ya se están yendo en este momento hacia allá”, reconoció.
El titular del TRICAEM indicó que entre 25 a 30 días, es el tiempo aproximado que se tarda en resolver cada caso, donde una vez que han fallado a favor del ciudadano se pide que en máximo de tres días le sea devuelto el monto económico que pago por la fotomulta.
Fue desde el pasado mes de octubre que el gobierno del Estado de México activó el programa “Limite Seguro”, mediante el cual comenzó a emitir fotomultas, a pesar de que a principios de año reconoció que existía fallas en el esquema.
Ante las inconsistencias, la ciudadanía se vio en la necesidad de organizarse para iniciar recursos legales, pues denunciaban inconsistencias en el programa de infracción.
