Redacción
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la nueva aerolínea estatal comenzará a operar antes de que termine el año. En caso de no llegar a un acuerdo para adquirir la marca Mexicana de Aviación, se considera llamarla «Maya». El objetivo es rescatar la marca y al mismo tiempo brindar justicia a los trabajadores. Se propuso realizar una evaluación del valor de la marca, adquirirla y distribuir las ganancias entre los empleados. El presidente convocó públicamente a los trabajadores para decidir el nombre de la aerolínea, ya que no se puede esperar más y los aviones comenzarán a volar antes de que termine el año.
El mandatario reiteró que su gobierno busca ayudar a los ex trabajadores de Mexicana y preservar la tradición asociada con el nombre. Destacó la importancia de Mexicana como la aerolínea más importante de México y expresó su pesar por la situación actual. Aclaró que su gobierno no tiene ninguna responsabilidad legal de proporcionar indemnizaciones, pero querían ayudar en la medida de lo posible.
López Obrador afirmó que si no se concreta la adquisición de la marca Mexicana, se ha considerado otro nombre para la aerolínea estatal. Hace una semana, en Tampico, dio un plazo de un mes para que los trabajadores decidan sobre la venta de la marca. Sin embargo, un grupo de abogados mal aconsejó a una parte de los trabajadores, lo que ha generado complicaciones en las negociaciones.
El Presidente lamentó la situación y subrayó que el gobierno busca ayudar a los ex trabajadores de Mexicana. Recordó que la empresa fue entregada por el expresidente Fox a Gastón Azcárraga, pero luego se declaró en quiebra. Aseguró que su administración tomó la decisión de ayudar, pero la ambición de algunos y la intervención de abogados han obstaculizado el proceso.
En caso de no llegar a un acuerdo, el gobierno federal ya tiene otro nombre en mente para la nueva aerolínea. Las negociaciones con los ex trabajadores están detenidas debido a los amparos presentados por dos abogados en representación de aproximadamente 200 empleados. El gobierno ha otorgado un plazo de un mes para que los trabajadores desistan de los amparos y se pueda avanzar en la negociación.
El Presidente expresó su preocupación por la falta de resolución y cuestionó cuándo una empresa privada se presentará para adquirir la marca. Hizo hincapié en que el gobierno no tiene responsabilidad en el asunto y lo que ofrece no es una indemnización legalmente obligatoria. Insistió en que espera que los trabajadores recapaciten y tomen una decisión en el plazo establecido.
