Redacción
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por los recientes hechos violentos en Sinaloa, que han dejado al menos 48 muertos. Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador se refirió al operativo que llevó a la detención del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio pasado en Estados Unidos, calificándolo como un acto ilegal y criticando la forma en que se llevó a cabo.
El presidente cuestionó el operativo y destacó que agentes del Departamento de Justicia estadounidense ya esperaban la llegada de Zambada, lo que provocó un aumento en la violencia en la región. López Obrador señaló que la captura de Zambada no fue coordinada con las autoridades mexicanas, lo que, según él, contribuyó al incremento de la violencia y la muerte de civiles, entre ellos Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
López Obrador insistió en que hubo un acuerdo previo entre las autoridades estadounidenses y algunos grupos del crimen organizado en Sinaloa, que facilitó la detención de Zambada y la liberación de otro detenido en Estados Unidos. Criticó que estos pactos no fueron comunicados al gobierno mexicano, lo que ha generado una serie de consecuencias negativas en el estado.
El mandatario mexicano también fue cuestionado sobre la participación de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, en estos acuerdos. Según López Obrador, Guzmán López habría pactado su entrega a cambio de la captura de Zambada, lo que derivó en una ola de violencia en Sinaloa.
Al respecto, el presidente reiteró que Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en estos hechos, ya que la operación se realizó sin la debida coordinación con México. Asimismo, afirmó que la situación en Sinaloa es consecuencia directa de este tipo de acciones y expresó su deseo de que pronto regrese la tranquilidad a la región.
Finalmente, López Obrador mencionó que existe una campaña en su contra y en contra de su gobierno, señalando que la reciente carta del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, forma parte de esta estrategia para desacreditar su administración.
