REDACCIÓN
En su tarea por erradicar la corrupción y la impunidad, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene el propósito de reestructurar y relanzarse bajo cinco ejes, como son impulsar la austeridad republicana, fiscalización y evaluación.
Además, ciudadanizar el combate a la corrupción y la impunidad, relanzar el Servicio Profesional de Carrera, democratizar las tecnologías y proteger la denuncia y a los alertadores internos.
En la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la dependencia federal destaca que se redujeron los sueldos y salarios de los mandos entre 12 y 47 por ciento.
También se limitaron los gastos superfluos y se está disminuyendo en 30 por ciento el costo de las estructuras de apoyo de altos funcionarios; se ha establecido una meta de ahorro de más de 10 mil millones de pesos en servicios personales.
Resalta, además, la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
En el documento precisa que elaborará normas para proteger a los alertadores internos y fomentar la denuncia, así como el desmantelamiento de redes de corrupción.
Entre las medidas efectuadas, subraya la transparencia de la nómina total del Gobierno de México, «pasando de publicar el sueldo de alrededor de 100 mil a 3.1 millones de servidores públicos federales (1.4M) y maestros (1.7M)».
Indica que hay 119 observaciones de auditoría de obra pública por un monto de 17 mil 319 millones de pesos, y que se impusieron dos mil 791 sanciones a servidores públicos.
En el combate a la impunidad, la SFP detalla que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de este año se resolvieron 812 expedientes de inconformidades.
Se han substanciado 121 procedimientos de responsabilidades y 132 de verificación patrimonial, lo que representa un cumplimiento del programa de abatimiento del rezago a 90 por ciento.
Además, impuso multas por mil 432 millones de pesos en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, y estableció la inhabilitación de más de 100 empresas.
En la Glosa remarca que se incrementó la productividad y se redujo el tamaño de la SFP, al pasar de mil 560 plazas a mil 217.
Detalla que México se ubicó como el país mejor evaluado en América Latina y el segundo incluyendo El Caribe en el desempeño del gobierno en la lucha contra la corrupción.
Ha establecido convenios con diversas instituciones y dependencias nacionales y extranjeras, como la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional Electoral y ONU-Mujeres, entre otras.
Además, mantiene una agenda legislativa con las leyes General de Responsabilidades Administrativas, del Servicio Profesional de Carrera, de Alertadores de la Corrupción y de Conflicto de Interés.
