Redacción
La Cámara de Diputados concluyó la aprobación en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 tras una jornada marcada por enfrentamientos verbales, interrupciones y desacuerdos. Con 353 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, y 128 en contra provenientes de partidos de oposición, se autorizó un gasto de 9 billones 302 mil millones de pesos para el próximo año.
El debate, que incluyó 105 reservas al dictamen aprobado previamente en lo general, estuvo cargado de tensiones. Durante la madrugada, un conato de bronca obligó a la Mesa Directiva a pedir a personas ajenas al cuerpo legislativo que abandonaran el recinto.
Los legisladores expusieron posturas contrapuestas sobre la asignación de recursos en sectores clave como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Desde Morena, se destacó que el presupuesto prioriza el sector salud, asignando más de 165 mil millones de pesos al programa IMSS-Bienestar, lo que representa una inversión histórica en este rubro. Además, se resaltó el enfoque en programas de desarrollo social bajo principios de justicia e inclusión.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó los montos destinados a salud y seguridad, argumentando que el presupuesto no cubre las necesidades del sistema de salud ni garantiza la protección adecuada para los ciudadanos. Críticas similares se escucharon desde el PRI, que señaló un desequilibrio en la distribución de recursos, con énfasis en el gasto operativo en detrimento de los programas sociales.
En contraste, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendió el presupuesto, destacando el incremento de fondos destinados a instituciones de seguridad y argumentando que busca reducir el déficit presupuestal.
Por otro lado, el Movimiento Ciudadano (MC) expresó preocupaciones sobre los recortes en infraestructura, educación y salud, señalando que podrían afectar el bienestar de la población y comprometer áreas fundamentales como la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).
El PEF 2025, que ha generado tanto respaldo como críticas, representa un desafío en la búsqueda de equilibrio entre gasto social, inversión en infraestructura y atención a los sectores más vulnerables. A medida que se implementen los recursos, los resultados serán clave para evaluar si las decisiones tomadas cumplen con las expectativas de desarrollo y bienestar para el país.
