Redacción
La Suprema Corte de México ha emitido una orden dirigida al Senado para desbloquear la situación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que se encuentra paralizado desde hace más de seis meses.
Esta parálisis se originó tras la expiración del mandato de tres de sus comisionados en abril, y la mayoría morenista en el Senado ha impedido su renovación como parte de una estrategia contra el organismo de transparencia. El fallo de la Corte insta al Senado a iniciar el proceso de nombramiento de los comisionados faltantes antes del 15 de diciembre, permitiendo que el pleno del INAI funcione temporalmente con los cuatro comisionados actuales, aunque el quórum mínimo requerido es de cinco.
Este bloqueo de nombramientos ha reducido la eficacia del INAI, que no podía llevar a cabo sus sesiones plenarias. La Corte ya había autorizado al INAI a reanudar sus actividades en agosto, y varios fallos de jueces federales habían instado al Senado a realizar los nombramientos. A pesar de este fallo de la Corte, su implementación final depende de la dinámica política en el Senado. Es probable que la solución definitiva se retrase hasta el próximo Gobierno. El presidente López Obrador ha señalado al INAI, junto con otros organismos autónomos, acusándolos de representar un gasto excesivo o de servir a intereses oscuros.
El ministro Juan Luis González Alcántara enfatizó la importancia del fallo al afirmar que la omisión del Senado ha vulnerado el diseño constitucional del INAI y ha paralizado sus facultades, afectando los derechos de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales. Esta parálisis ha impedido al INAI resolver casos de instancias inferiores, atraer asuntos locales, resolver denuncias de incumplimiento de transparencia y presentar causas de inconstitucionalidad o controversias constitucionales ante la Suprema Corte.
La respuesta de los legisladores morenistas ha sido formalmente acatar la orden, pero señalan los obstáculos políticos que pueden dificultar su implementación, destacando que la mayoría calificada es un asunto político y legislativo.
