Redacción
Una mujer fue detenida por su presunta participación en un esquema de fraude patrimonial que habría ocasionado un daño económico superior a los 22 millones de pesos y afectado a más de 125 personas en la Comarca Lagunera. La imputada, identificada como Martha “N”, enfrenta cargos por el delito de fraude específico y permanece bajo prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General del Estado de Durango informó que la detención fue resultado de investigaciones realizadas por la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, las cuales permitieron establecer la probable responsabilidad de la acusada en un sistema de supuestas inversiones que operó durante varios años en la región.
De acuerdo con las indagatorias, Martha “N” presuntamente actuaba en conjunto con su esposo, Guillermo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Ambos habrían ofrecido a las víctimas esquemas de inversión con promesas de altos rendimientos en plazos previamente definidos, lo que motivó la entrega de importantes sumas de dinero.
Sin embargo, una vez vencidos los plazos acordados, los recursos no fueron devueltos ni se entregaron los rendimientos prometidos. Las investigaciones señalan que el esquema carecía de respaldo financiero real, lo que derivó en múltiples denuncias al confirmarse la imposibilidad de recuperar el capital invertido.
Uno de los casos judicializados refiere que una de las personas afectadas entregó tres millones de pesos con el compromiso de recibir la devolución del capital en un periodo de 10 meses. Al concluir el plazo, el dinero no fue restituido, situación que dio origen a la carpeta de investigación por el presunto delito de fraude específico.
Tras el análisis de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra la imputada, quien fue ingresada al Centro de Reinserción Social número 1 del estado.
Asimismo, el juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual vence el 29 de abril de 2026. Durante este periodo, se continuará con la recopilación de pruebas y el análisis de las denuncias presentadas.
