Redacción
En los próximos días, Estados Unidos desplegará hasta 1,500 soldados activos en su frontera sur, como parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio. Este despliegue sigue las directrices establecidas por el presidente Donald Trump en órdenes ejecutivas firmadas al inicio de su mandato, con el objetivo de intensificar las medidas contra la migración ilegal.
Aunque no se ha detallado qué unidades específicas serán enviadas, se espera que las tropas se destinen principalmente a apoyar a los agentes de la Patrulla Fronteriza en tareas logísticas, de transporte y en la construcción de barreras. Esta no es la primera vez que se recurren a soldados activos en la frontera, ya que tanto Trump como el presidente anterior, Joe Biden, han implementado medidas similares en el pasado.
El personal militar no podrá intervenir en actividades de aplicación de la ley debido a la Ley Posse Comitatus, que restringe la participación activa de las fuerzas armadas en la seguridad pública. Sin embargo, una orden ejecutiva de Trump podría permitir que se invoque la Ley contra la Insurrección, lo que autorizaría a los soldados a tomar un papel más activo en la aplicación de leyes civiles en suelo estadounidense.
El despliegue militar también está vinculado a la visión de Trump de «sellar las fronteras» y repeler lo que él denomina «migración masiva ilegal». Además, en otras medidas relacionadas con la seguridad fronteriza, el presidente ha solicitado al Departamento de Defensa y a la Guardia Costera el apoyo en operaciones logísticas, incluido el transporte de migrantes y la provisión de recursos para las fuerzas fronterizas.
La decisión de desplegar tropas a la frontera también evoca el precedente de 2018, cuando más de 7,000 soldados fueron enviados a varios estados fronterizos para apoyar a las autoridades locales en tareas no vinculadas a la aplicación de la ley. En esa ocasión, el Ejército proporcionó asistencia con la construcción de barreras, transporte, seguridad y atención médica, sin intervenir directamente en el arresto de personas o en la ejecución de leyes migratorias.
Este nuevo despliegue resalta la continua política de seguridad en la frontera que ha caracterizado la administración de Trump, y plantea interrogantes sobre las futuras implicaciones legales y operativas del uso de fuerzas armadas en el control migratorio.
