Lilia González
Durante el presente año, nueve personas privadas de la libertad fueron beneficiadas con los recursos del Fondo de Reparación del Daño, pudiendo acceder a figuras jurídicas como la prelibertad, libertad anticipada, amnistía o sustitutivos de la pena, cuando este era el único requisito pendiente por cumplir.
Este fondo permite otorgar apoyos a personas recluidas en centros penitenciarios que estén sujetas al pago de un monto por concepto de reparación del daño a la víctima de uno o varios delitos, bajo el entendido que son personas que carecen de recursos económicos.
A través del Instituto de la Defensoría Pública estatal (IDP), el pago de la reparación del daño a las víctimas hizo posible que las personas beneficiadas accedieran a figuras jurídicas como la prelibertad, libertad anticipada, amnistía o sustitutivos de la pena, cuando este era el único requisito pendiente.
“Es una forma de tener acceso a la justicia por parte de las víctimas y por parte de las personas privadas de la libertad, pues es importante la readaptación social, entonces, es una oportunidad también para reivindicarse, para que también pueda estar con su familia, para que ya una vez que haya compurgado una pena en determinado momento contribuya a la sociedad”, manifestó José Carlos Neira Cruz, Encargado de Despacho de la Dirección General del IDP, adscrito a la Consejería Jurídica.
Quienes no pueden acceder a este apoyo son las personas sentenciadas por delitos que atentan contra la libertad sexual, trata de personas, la vida e integridad contra menores de edad y delitos de delincuencia organizada, secuestro, desaparición forzada, feminicidio, fraude, violencia familiar y abuso de autoridad.
El funcionario explicó que el Fondo de Reparación del Daño otorga un apoyo de hasta 300 mil pesos por persona, destinado exclusivamente a cubrir el monto de la reparación del daño impuesto por la autoridad judicial, siempre que este sea el último requisito para acceder a un beneficio de libertad.
Este apoyo está dirigido para quienes carecen de recursos económicos, no cuentan con una red de apoyo familiar, tienen un procedimiento activo para obtener su libertad y acreditan su situación de vulnerabilidad mediante un estudio socioeconómico.
