Redacción
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), ofreció una disculpa pública en nombre del Estado por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Este acto formalizó un reconocimiento de la represión ocurrida durante aquel año, considerado como un crimen de lesa humanidad. El anuncio fue acompañado de la presentación de un decreto que entra en vigor este mismo día, siendo el primero en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la primera conferencia matutina de la nueva presidenta, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, se dirigió a la nación para manifestar el posicionamiento del Estado sobre la violencia perpetrada en aquella fecha. Destacó la importancia de este reconocimiento en la construcción de la memoria histórica del país y la relevancia de evitar que se repitan situaciones similares.
Durante el acto, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, fue la encargada de leer el decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El documento oficializa el compromiso del Estado mexicano de reconocer los actos represivos de 1968 y reafirma el carácter de lesa humanidad del crimen, cometido bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.
El decreto no solo reconoce la gravedad de los eventos de 1968, sino que también establece directrices para la no repetición de este tipo de actos, asegurando que la represión gubernamental no será empleada nuevamente como herramienta de control. El compromiso con el respeto a los derechos humanos y la memoria histórica fue subrayado como parte central del documento.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los sucesos del 2 de octubre como uno de los eventos más graves en la historia reciente de México. Señaló que el movimiento estudiantil de 1968 marcó un hito en la apertura de la participación política de jóvenes y de la sociedad en general, sentando las bases para la construcción de una nación más democrática. En su intervención, Sheinbaum también vinculó este movimiento con el cambio político que representó la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, al cual considera una continuación de las luchas por libertades y justicia.