REDACCIÓN
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador ejercerán los recursos correspondientes para iniciar investigaciones a funcionarios y jueces a fin de deslindar responsabilidades por la liberación de Gildardo López, alias “El Gil”, implicado en el caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la liberación de “El Gil” es un precedente muy grave, ya que fortalece una tendencia de liberación de otros detenidos, pero las indagatorias alanzarán a todos los funcionarios implicados, incluidos el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, y Tomás Cerón.
Encinas Rodríguez señaló que en este caso, en lugar de garantizar los derechos de las víctimas se ha favorecido la impunidad de los implicados, por lo que exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación y subsane las indagatorias, con el objetivo de deslindar responsabilidades por parte de las autoridades.
“Que evidencia esto: particularmente una indebida integración de la averiguación por parte de las autoridades, basadas en graves irregularidades a la ley.
“Hay que decirlo con la verdad: la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra de derecho de las víctimas”, externó.
A pregunta expresa, dejó claro que no existe ningún indicio para que el otro alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca pueda ser liberado por Caso Ayotzinapa, dado que él está detenido por su probable responsabilidad en el homicidio del síndico Arturo Hernández Cardona.
El también presidente de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa mencionó que “en el momento en que se acredite no solamente las violaciones al debido proceso sino la fabricación de las pruebas en la formulación de la verdad histórica, va alcanzar a todos los responsables de este dictamen que emitió la PGR”.
Resaltó que la sentencia absolutoria del 30 de agosto de 2019 que libera a Gildardo López Astudillo por secuestro, a Joaquín Lagunas Franco, a Juan de la Puente Medina y a Óscar Veleros Segura por delincuencia organizada, es firmada por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas a cargo del juez Samuel Ventura Ramos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración mencionó que a la fecha han sido liberados 52 implicados en la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y que con el precedente de Gildardo López Astudillo hay elementos para que se pueda liberar a otros 50 detenidos.
Ello, al recordar que el 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018, se consignaron 169 personas, de las cuales, se detuvo a 142, entre ellos, 55 policías de Iguala, 22 de Cocula y 67 civiles presuntos integrantes de Guerreros Unidos.
Las detenciones se llevaron a cabo por delitos como delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud; delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como delitos previstos en la Ley General de Secuestro.
De las 172 personas detenidas, la otrora Procuraduría General de la República (PGR) procesó a 70 personas por el delito de secuestro en contra de los normalistas.
Encinas resaltó que el procesamiento de los detenidos se basó en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la PGR; de éstas, sólo subsisten al día de hoy 44, puesto que las 63 restantes se declararon ilícitas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Lo anterior, dado que se acreditó una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad, al detectarse: 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición, 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia y 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular.
Además, 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 26 de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación, un caso de incomunicación y seis de violación al derecho a la defensa adecuada.
“A partir de esta resolución se han liberado 53 de los 142 detenidos originalmente, siendo la de Gildardo López Astudillo, la primera absolución por insuficiencia probatoria de la causa penal 66/2015 del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas”, resumió.
