Redacción
El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su precario estado de salud.
Esta medida se aplica únicamente al proceso en el que enfrenta cargos por desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, es importante destacar que aún enfrenta otro proceso que requiere su detención preventiva, lo que significa que continuará recluido en la Torre Médica de Tepepan y no podrá abandonar el lugar.
En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, el juez de control José Rivas González decidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva, teniendo en cuenta la avanzada edad y el delicado estado de salud de Murillo Karam. Además, se ordenó el uso de un brazalete electrónico para el monitoreo y la ejecución de la prisión domiciliaria en su residencia en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.
En este proceso particular, la audiencia para formalizar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Murillo Karam y solicitar una condena de 82 años de cárcel por su presunta participación en los delitos mencionados se pospuso hasta enero del próximo año.
Cabe destacar que en abril de este año, la FGR presentó cargos adicionales contra Murillo Karam, acusándolo de estar involucrado en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias «El Cepillo,» quien fue señalado en la administración anterior por la PGR como un sicario de Guerreros Unidos y vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dicha audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y fue dirigida por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur. Este último caso es lo que impide que Murillo Karam sea trasladado a su domicilio, ya que requerirá una audiencia adicional para cambiar su medida cautelar.
Murillo Karam, detenido en agosto de 2022 fue quien presentó la controvertida «verdad histórica» en enero de 2015, afirmando que los 43 normalistas «fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan» en Cocula. Sin embargo, esta versión fue refutada posteriormente por un tribunal colegiado debido a preocupaciones sobre la imparcialidad e independencia en la investigación y alegaciones de tortura a los principales acusados.
El estado de salud y la avanzada edad de Jesús Murillo Karam son los factores determinantes que han llevado al juez a conceder la prisión domiciliaria. La defensa argumenta que la prisión preventiva representa un peligro para su salud y que su vida depende de una atención médica constante y especializada.
