Redacción
Las reformas electorales impulsadas en San Luis Potosí y Nuevo León, conocidas públicamente como “Ley Esposa”, abrieron un debate político y jurídico al plantear que, en la elección de 2027, únicamente mujeres puedan competir por la gubernatura en dichas entidades. La propuesta provocó reacciones tanto de partidos políticos como del gobierno federal.
La llamada “Ley Esposa” no corresponde a una figura jurídica formal, sino a un conjunto de reformas e iniciativas estatales que establecen la exclusividad de candidaturas femeninas para un proceso electoral específico. Su objetivo declarado es fortalecer la paridad de género en los cargos ejecutivos, bajo el principio de paridad sustantiva incorporado a la Constitución desde 2014.
En San Luis Potosí, el Congreso local aprobó el 14 de diciembre una reforma a la Ley Electoral del estado que obliga a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027. El decreto fue presentado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y avalado por mayoría legislativa, aunque Morena votó en contra.
La reforma potosina fue defendida con el argumento de que la entidad nunca ha sido gobernada por una mujer y que persisten barreras estructurales para el acceso femenino a los cargos ejecutivos. No obstante, el proceso legislativo fue cuestionado por su rapidez y por el contexto político en el que se aprobó.
Diversos señalamientos apuntan a que la medida podría beneficiar a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al limitar la competencia masculina en el próximo proceso electoral. Estas críticas alimentaron el calificativo de “Ley Esposa” con el que se ha identificado a la reforma.
En Nuevo León, una iniciativa ciudadana presentada en junio plantea un esquema similar para la elección de 2027, con el argumento de que el estado no ha tenido una mujer gobernadora desde la Independencia. Aunque la propuesta aún se encuentra en análisis en el Congreso local, también generó señalamientos sobre un posible beneficio político para Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García.
Desde Morena y el gobierno federal se han expresado reservas sobre este tipo de reformas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que si bien es legítimo impulsar una mayor participación de las mujeres en la vida pública, es necesario analizar si estas medidas se ajustan al marco constitucional y si realmente tienen como objetivo la paridad de género.
Sheinbaum recordó que el Instituto Nacional Electoral ya definió un esquema de paridad para las candidaturas a gubernaturas en 2027, donde los partidos deberán postular mujeres en al menos nueve de las 17 entidades que renovarán el cargo. Por ello, recomendó a los congresos estatales revisar con cuidado la viabilidad jurídica de estas reformas antes de su aplicación.
