Redacción
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respaldado públicamente a Samuel García, subrayando que su destitución como gobernador de Nuevo León equivaldría a un golpe de Estado.
LópezObrador enfatiza que el Congreso estatal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al remover a García, estarían yendo en contra de un mandato democrático. Para el presidente, este tipo de decisiones amenazan el proceso democrático al invalidar la elección del pueblo.
En su análisis, el presidente considera que el tratamiento que ha recibido García se ha vuelto un asunto politizado, especialmente debido a la proximidad de las elecciones presidenciales. Asegura que partidos como el PRI y el PAN, junto al bloque conservador liderado por Claudio X. González, han atacado a García para impedir su candidatura, sosteniendo la idea de que este dividiría las simpatías de las clases medias.
El sábado pasado, Samuel García optó por no participar en la contienda electoral presidencial para reincorporarse a sus funciones como gobernador de Nuevo León, a pesar de la resolución de la Suprema Corte que validó la designación de Luis Enrique Orozco en su lugar. A través de una publicación en Instagram, García compartió el acuerdo por el cual decidió no hacer efectiva su licencia, que originalmente implicaba separarse del cargo a partir del 2 de diciembre, para continuar con su precampaña como abanderado de Movimiento Ciudadano.
La defensa de López Obrador hacia Samuel García subraya la importancia de preservar la legitimidad de los procesos electorales y el respeto por las decisiones democráticas. La acusación de un supuesto golpe de Estado en caso de destitución refleja la gravedad con la que se percibe cualquier acción que socave los resultados electorales. Esta situación no solo se limita a una lucha política entre partidos, sino que se convierte en un debate sobre la validez de las elecciones y la estabilidad institucional en el país.
La intervención del presidente en este caso no solo defiende a García, sino que plantea una reflexión más amplia sobre el respeto a los resultados electorales y la no interferencia de las instituciones en la voluntad popular expresada en las urnas. El riesgo que advierte el presidente es que acciones como la destitución de un gobernador electo podrían minar la confianza en el sistema democrático del país, creando un precedente preocupante en la historia política reciente.
