*Hay que buscar la verdad, lograr que los derechos de las víctimas sean respetados, que todos los responsables sean sancionados y evitar a toda costa su repetición.
Durante 2014, la sociedad mexicana experimentó un despertar y toma de conciencia en materia de derechos humanos, que impuso un nuevo paradigma para las autoridades e instituciones, afirmó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Al rendir su Informe de Labores 2014 en Los Pinos, ante el presidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que este despertar es producto de hechos como Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala.
Sin embargo, reconoció que, al inscribirse en el concierto internacional, mediante la suscripción de diversos instrumentos internacionales, México ha mostrado su firme compromiso con los derechos fundamentales, pues está abierto al escrutinio externo. Sin embargo aseguró que «vivimos aún bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos sucedidos en Guerrero, así como por los reclamos sociales en favor de las acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana».
Al respecto González Pérez reconoció que en muchos casos, las sanciones a los funcionarios acusados de violar derechos humanos han sido suaves o inexistentes, lo que propicia la impunidad y debilita el Estado de derecho.
Dijo que de acuerdo al informe, entre 2013 y 2014 se presentaron 148 denuncias administrativas contra servidores públicos federales y locales, de las cuales, a diciembre del año pasado, sólo se habían concluido 24, y de ellas apenas en siete casos hubo sanción administrativa.
«En la mayoría de los casos, la sanción fue una amonestación o suspensión de 15 días, registrándose sólo dos inhabilitaciones. En los restantes 17 asuntos, las autoridades no encontraron elementos suficientes para imponer alguna sanción o se alegó la prescripción».
Por ello, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a los mandatarios federal y estales dar un seguimiento más puntual de las quejas y recomendaciones. Luis Raúl González Pérez adelantó que por su parte «seremos más estrictos en la integración y seguimiento de las denuncias administrativas y penales que presente la CNDH, así como en el trámite de las mismas».
Esto, porque las recomendaciones no son un mero procedimiento formal, ni tampoco buscan la imposición de sanciones desproporcionadas a la gravedad o magnitud de las violaciones de derechos humanos.
«La voz del ombudsman, siempre llamará al diálogo, a la concordia y a la paz. De ninguna manera busca dividir o polarizar a la sociedad, ni evitar que se aplique la ley. La CNDH siempre se pronuncia porque se aplique la ley, sin distinción o reserva, a quien cometa un delito», expresó.
En este marco también reconoció que algunos procedimientos de la comisión han resultado inadecuados para su operación oportuna y eficaz, como lo demuestra el rezago en la resolución de expedientes, de casi una tercera parte de los asuntos en trámite.
Agregó que «las violaciones a la dignidad humana se inscriben en la inobservancia de la ley, lo cual ha ocasionado que la sociedad no confíe en sus instituciones. La gente ve los derechos humanos como un elemento discursivo», por lo que se debe cambiar modelos, patrones, procedimientos, creencias y prácticas.
En ese sentido reconoció que la sociedad no puede permanecer impasible cuando individuos que incumplen la ley, no son objeto de sanción alguna o cuando la ley se aplica o no, dependiendo del poder, posición económica o condición social de las personas involucradas.
Por ello, llamó al diálogo, el entendimiento y el respeto a la ley y, al referirse nuevamente al caso Iguala (que sigue abierto), aseguró que éste marca un antes y un después para las sociedad mexicana.
«Hay que buscar la verdad, lograr que los derechos de las víctimas sean respetados, que todos los responsables sean sancionados y evitar a toda costa su repetición», subrayó el titular de la CNDH.
Como parte de su informe, refirió que en 2014 se iniciaron ocho mil 455 expedientes de queja, 125 de los cuales arrancaron de oficio y se emitieron 55 recomendaciones dirigidas a 67 autoridades, algunas de las cuales no fueron aceptadas. En orden descendente, las dependencias que más recomendaciones recibieron fueron el IMSS, la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Oaxaca, la PGR, los gobiernos del DF, Chiapas y Tabasco, la SEP, los gobiernos de Hidalgo y el Estado de México, así como el ayuntamiento de Alvarado, Veracruz.
Las instituciones con más quejas fueron el IMSS, el órgano de Readaptación Social de Gobernación, la Secretaría de la Defensa, la Policía Federal, el ISSSTE, la SEP, la PGR, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Marina y el Infonavit.
