REDACCIÓN
El diputado Ulises García Soto presentó una iniciativa para imponer de cinco a 10 años de prisión y de 500 a mil días multa, para al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor fuera de la entidad federativa donde reside.
Además, si no existe relación de parentesco, o de tutela, que la pena sea de cinco a 15 años y de 200 a mil días de multa.
Destacó que el objetivo es inhibir la sustracción, retención u ocultamiento de menores, y coadyuvar con la reintegración pronta de los niños a sus hogares, porque “hay miles de casos donde los hijos son ocultados durante meses, o incluso años, de sus padres o familiares, lo que exige construir leyes que eviten estas dolorosas separaciones”.
Relató que México vive una crisis de divorcios y desintegración familiar que tan sólo en 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 10 por ciento de la población estaba divorciada o separada y en 2017 señalan que se registraron 147 mil 581 divorcios, de los cuales 134 mil 166 fueron judiciales.
Los datos evidencian el incremento en la desintegración familiar, conflictos conyugales y, por consiguiente, problemas de paternidad con los hijos, como patria potestad, guarda y custodia, visitas y convivencias o el pago de pensión alimenticia.
“Desafortunadamente los menores quedan en medio de conflictos entre sus padres; los cuales en no pocas ocasiones ascienden a conductas indebidas que vulneran los derechos de los niños”, señala el diputado de Morena en un comunicado.
García Soto resaltó que en 2015 la asociación “Niños, Niñas y Adolescentes con Ma-Pa” exponía que al menos cien mil menores eran rehenes de los juicios de divorcio de sus padres y algunos de los progenitores los utilizaban como arma contra el cónyuge.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) define la sustracción, retención u ocultamiento como la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente de la persona que legalmente detenta su guarda o custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar habitual de residencia.
Estas conductas atentan contra su equilibrio vital, pues alteran las condiciones sociales, afectivas y culturales. Por tanto, constituyen un atentado contra los derechos humanos de los menores a vivir en familia, convivir con ambos progenitores, estar en condiciones de bienestar, tener sano desarrollo integral y vida libre de violencia, establece la iniciativa.
El diputado de Morena argumentó que al analizar los códigos penales del país se constató que este delito se encuentra plasmado, pero no homologado, ni tipificado en el Código Penal Federal, por lo que bajo el principio del interés superior de la niñez “vemos la necesidad de que la Fiscalía General de la República y los ministerios públicos federales puedan perseguirlo”.
