* Suspender derechos partidistas a Javier Duarte
fue petición ciudadana: Carolina Monroy.
La suspensión de los derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, responde a una exigencia de la voz ciudadana y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no comparte los actos de corrupción, indicó la diputada Carolina Monroy Del Mazo.
«Derivado de la denuncia ciudadana, el PRI se vio en la necesidad de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tomara esta determinación y vamos a esperar el tiempo que sea necesario para ver qué repercusiones va a tener esta decisión», señaló.
En entrevista, la también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, expuso que la Cámara de Diputados tiene sus tiempos en caso de realizar el juicio de procedencia para retirarle el fuero al mandatario estatal.
Por lo tanto, dijo, esperamos que este escándalo no sea utilizado con fines electorales. «El partido decidió que la ley se aplique y se termine con la corrupción», comentó.
Recordó que Acción Nacional vive un caso similar con el ex gobernador de Sonora, con la ex diputada local de Sinaloa y la presidenta municipal de Monterrey, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también tiene cuestiones similares.
Por separado el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, dijo que la suspensión de los derechos partidistas de Javier Duarte de Ochoa, es un tema interno de PRI, que obedece a sus dinámicas, procesos e indicaciones de su reglamento.
«Es un tema que tiene que ver con la vida interna de los priístas, ellos tienen sus momentos, sus dinámicas, sus procesos, han tomado una primera definición en la ruta de lo que su reglamento indica y yo ahí lo dejaría», dijo.
Aseveró que en el PAN se sigue una dinámica interna propia, respecto a los casos que involucran a militantes de su partido político en indagatorias de instancias de procuración de justicia y persecución del delito.
Confió en que la Procuraduría General de la República (PGR) actuará conforme a derecho en la investigación que atrajo contra el mandatario de Veracruz por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber legal.
«La PGR no puede tomar decisiones a la ligera, ni de manera expedita, tiene que agotar todos los procedimientos, respetar los derechos de los señalados; la presunción de inocencia es una base legal que se tiene que observar en todos los aspectos, y en ese sentido, estoy seguro que estarán haciendo su trabajo», externó.
Apuntó que estará atento a que en el procedimiento de la PGR contra Duarte de Ochoa «no haya influencias que no tengan que ver con el deslinde de responsabilidades, lo cual ojalá sea lo más pronto posible, porque es muy urgente que la gente tenga certezas en el ámbito de la procuración de justicia».
Respecto a las solicitudes de juicio político que están en la Subcomisión de Examen Previo, entre las cuales hay algunas contra el Ejecutivo de Veracruz, dijo que ya se acortaron los tiempos para su análisis, y «al final del día de lo que se trata es de que deslinden responsabilidades y se paguen las consecuencias».
En tanto el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, pidió que el PRI sea congruente y, además de sancionar a Javier Duarte castigue también a los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés, ex gobernador y actual mandatario de Coahuila, respectivamente.
El panista pidió a la Procuraduría General de la República actuar con rapidez y que de esta manera los diputados puedan comenzar un juicio político contra Duarte.
«Esperamos que en el caso de Veracruz, ya la PGR actúe y que no se espere a que termine el mandato del gobernador Duarte, que actúe de forma inmediata y lo mismo que ocurra en el caso de Coahuila», asentó el diputado panista.
Añadió que al gobierno federal debe hacer justicia pareja sin distingos de colores partidistas e investigar también al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y al mandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
El diputado federal sostuvo que su partido será consistente para actuar contra alguno de sus gobernadores que no cumpla con la rendición de cuentas y se vea involucrado en actos de corrupción.
