Redacción
Ernestina Godoy, asesora jurídica del Ejecutivo federal, presentó una serie de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas en México.
Uno de los aspectos clave de la propuesta es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial, acompañada de datos biométricos como fotografía y huellas dactilares. Esta plataforma permitirá la consulta de información en tiempo real, facilitando la colaboración entre autoridades y ciudadanos en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
La reforma también establece que las investigaciones por desapariciones forzadas deberán comenzar inmediatamente, sin esperar las tradicionales 72 horas. Esto se logrará mediante la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, donde se registrarán las denuncias de desaparición y se compartirá la información de forma inmediata entre las autoridades pertinentes. Esta base deberá entrar en funcionamiento dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de las reformas.
Otra de las principales modificaciones incluye el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el aumento de las capacidades de las fiscalías federales y estatales en la investigación de estos casos. Además, se contemplan sanciones para aquellos servidores públicos y particulares que incumplan con las obligaciones de generar, actualizar y compartir la información relevante para la búsqueda.
Asimismo, se creará un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que operará de manera similar a un sistema de inteligencia artificial, permitiendo identificar coincidencias entre las bases de datos gubernamentales y privadas. Empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios deberán sumarse a este sistema para contribuir con información que facilite la localización de personas desaparecidas.
Las reformas también buscan garantizar el derecho a la identidad y la protección del Estado a través del uso generalizado de la CURP, asegurando que todas las personas, desde su nacimiento, cuenten con esta identificación oficial tanto en el ámbito físico como digital.
