Redacción
La propuesta de un impuesto especial de 8% a los videojuegos violentos incluida en el Paquete Económico 2026 generó debate en distintos sectores sociales y de la industria digital. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad y prevención social.
Durante una conferencia, la mandataria descartó que se busque prohibir estos productos. “Vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Evidentemente no vamos a entrar en un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos, y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea”, expresó.
El nuevo gravamen, planteado en el marco de las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicaría a servicios digitales que ofrezcan videojuegos con contenido violento o dirigido a mayores de 15 años.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el objetivo es recaudar 183 millones de pesos en 2026. El gobierno argumenta que este impuesto busca desincentivar consumos que puedan tener efectos sociales y psicológicos negativos, particularmente en adolescentes.
La medida se suma a otras disposiciones fiscales en materia de salud pública, como los impuestos a bebidas azucaradas, tabaco y apuestas en línea. El planteamiento oficial es que los recursos derivados de estas cargas tributarias contribuyan a programas de prevención social y atención a la salud.
El anuncio ha reabierto la discusión sobre la relación entre videojuegos y conductas violentas. Mientras Hacienda sostiene que existe evidencia sobre su impacto en la salud mental, diversos estudios han puesto en duda esa correlación directa y destacan la influencia de factores sociales y familiares.
Especialistas en salud mental y organismos académicos han señalado que, si bien el uso excesivo de videojuegos puede generar problemas de aislamiento, no hay pruebas concluyentes de que sean detonantes de conductas delictivas. Aun así, el gobierno federal insiste en que la regulación fiscal permitirá un mejor control de su consumo.
Con esta propuesta, los videojuegos quedarían sujetos a un esquema fiscal similar al de otros productos considerados de riesgo para la salud, bajo el argumento de que el gravamen ayudaría a financiar programas de prevención y atención psicológica.
