* Ningún comunicador en mecanismo de
protección ha sido asesinado, reconoce Campa.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, reconoció que la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos en México es un desafío extraordinario por las condiciones de violencia que genera el crimen organizado.
En reunión de trabajo con la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente, sostuvo que ningún comunicador que ha solicitado su inclusión en el «Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas» ha sido asesinado.
Ante senadores y diputados federales, dijo que se debe «reconocer claramente y sin reservas que tenemos un desafío extraordinario en la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, inscrito en el reto de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país».
Reconoció que las cifras son alarmantes, pues en la actual administración un total de 33 periodistas han sido asesinados y argumentó que eso se ha dado en el contexto «como en poquísimos lugares del mundo corporaciones policiales y de justicia débiles o, francamente, penetradas».
Campa Cifrián subrayó que la tarea de proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos se complica aún más por la facilidad con la que la delincuencia organizada se hace de toda clase de armamento a través de la frontera más grande y transitada del mundo con más ocho mil 700 tiendas de armas en la frontera de Estados Unidos.
«Habrá seguramente algunos casos excepcionales de agresiones, de violencia contra periodistas ajenos a la delincuencia organizada, pero patrón común, la presencia permanente está vinculado con el crimen organizado, con la delincuencia organizada», aseguró.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación agregó que en un Estado democrático de derecho la protección de periodistas y defensores, debe ser una política prioritaria.
A la reunión de trabajo también asistieron Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR).
