Redacción
El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, ha informado en una conferencia matutina que se ha registrado un importante incremento en los decomisos de armamento de calibre 50, como ametralladoras y fusiles Barret, así como de cartuchos para esas armas. Este armamento proviene en un 70% de los Estados Unidos.
Según los datos ofrecidos por Sandoval, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de mayo de 2023 se han decomisado 39,982 armas y 18 millones de cartuchos en operativos en todo el país. El 70% de este armamento es de origen estadounidense. Además, Sandoval ha destacado que el decomiso de 18 millones de cargadores en lo que va del sexenio es muy importante porque es la parte de los arsenales que vuelve letales a las armas.
El titular del Ejército ha explicado que se ha visto un incremento muy importante en ametralladoras calibre 50 o fusiles Barrett, que son armas de producción estadounidense. Las autoridades mexicanas han decomisado cada año unas 10,000 armas, incluso en 2020, año de la pandemia. Además de las armas, Sandoval ha explicado que se han incautado de 168,000 cartuchos en estos años.
Las ametralladoras calibre 50 son extremadamente poderosas, más que las que manejan las mismas Fuerzas Armadas, capaces de atravesar vehículos blindados. Su presencia creciente en México solo se explica a partir del contrabando ilegal a lo largo de la frontera con Estados Unidos. En México, comprar un arma de manera legal es infinitamente más complicado que en el país vecino.
El Gobierno de López Obrador ha presentado dos demandas contra fabricantes de armamento en Estados Unidos, a quienes culpan de la crisis de violencia que vive el país. La primera fue en agosto de 2021. México acusó entonces a las compañías, entre ellas Smith & Wesson, Glock, Colt, o la misma Barrett, de “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. Un juez de Massachusetts desechó la demanda en septiembre, alegando que las leyes de aquel país protegen a los fabricantes.
Días más tarde, el canciller, Marcelo Ebrard, anunció la presentación de una nueva demanda, esta vez en Arizona. Ebrard dijo entonces que esta nueva intentona intentaba aprovechar una legislación que acababa de entrar en vigor, que establece como delito federal el tráfico ilegal de armas y sanciona a prestanombres o a quienes compren armas que vayan a ser utilizadas por grupos criminales.
En México, decenas de grupos criminales, amparados en nudos de poder político-económicos, enfrentan a las autoridades con armas cada vez más poderosas, aprovechado los canales de contrabando, ante la incapacidad o la complicidad de las agencias de control fronterizo. El tráfico de armas ha sido uno de los motivos por los que el Gobierno de López Obrador decidió entregar el control de aduanas a las Fuerzas Armadas.
