*Propuesta de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
México.- La senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso que la violencia de género sea considerada una causa para anular un proceso electoral.
Expuso que ese tipo de violencia en el ámbito político es un problema estructural que refleja la discriminación y los estereotipos por el que pasan varias regiones de México, a pesar de las diversas reformas que han contribuido al reconocimiento y ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres.
La legisladora por Tlaxcala indicó que los alcances de la violencia de género son amplios y afectan tanto a las ciudadanas en calidad de candidatas como al electorado en general, porque se atenta contra la equidad en una contienda electoral.
La senadora perredista propuso una adición al inciso d, al tercer párrafo de la fracción sexta del Artículo 41 de la Constitución para que este tipo de violencia sea considerada una causa para anular un proceso electoral.
«Las múltiples expresiones de violencia contra las mujeres han restringido sus derechos para poder ocupar cargos de toma de decisiones y poder político, ya que de manera sistemática las mujeres nos enfrentamos a situaciones tales como el acoso político y la violencia de género».
«Situaciones que llegan a ser obstáculos para su designación y participación en cargos de representación popular o de liderazgo», sostuvo.
La propuesta de la senadora plantea que cuando la autoridad acredite violencia política por razones de género en contra de alguno de los candidatos, ésta será motivo para anular la elección.
«Nuestro país ha trabajado a nivel legislativo e institucional para adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país».
Ello «con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones, el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia», agregó.
Añadió que la pobreza y los elevados niveles de desigualdad son elementos estructurales que agudizan los efectos de violencia, en particular en las zonas rurales y zonas indígenas, siendo una desafortunada realidad que atenta contra los derechos humanos de las mujeres.
