POR Alberto ABREGO
“Para los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas”
Frase atribuída a Benito Juárez
Gerardo Vicente Grajales Yuca, médico urgenciólogo en el Hospital de Especialidades Vida Mejor, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), jamás imaginó que uno de los muchos pacientes que atendió de Covid 19, marcaría un infame parteaguas en su vida.
Hoy el médico está detenido y vinculado a proceso, luego de que falleciera Miguel Arturo Ramírez López, ex presidente municipal de Solosuchiapa, ex diputado federal (PRI), ex diputado federal (PAN), excoordinador en el PVEM y exlíder del Partido Mover a Chiapas.
Se le acusa del delito de. abuso de autoridad, ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción por haber solicitado medicamentos a los familiares del paciente, ante el desabasto de material médico e insumos en el hospital para la atención de Covid-19 y otras enfermedades.
El paciente llegó al hospital el 21 de junio, con insuficiencia respiratoria por Covid-19; se había aplicado la prueba en un laboratorio privado el 17 de junio, cuatro días después de empezar a tener los síntomas. El 26 de Junio el médico decidió trasladarlo a terapia intensiva, donde permaneció intubado hasta que falleció el 7 de julio.
Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del exfuncionario, no quedó conforme y presentó ante la fiscalía la denuncia que se integró bajo la Carpeta de Investigación 0130-101-1301-2020 por los delitos de abuso de autoridad y acoso sexual (porque sintió que el médico la observaba de una manera “que la incomodó”). El galeno fue detenido el pasado 25 de julio y desde entonces permanece recluído y sin derecho a fianza.
Dicen quienes lo conocen, que Grajales Yuca es uno de los pocos urgenciólogos que ha sacrificado muchas cosas personales en su lucha contra la pandemia del virus que provoca el Covid-19. En el hospital donde trabajaba existe un Bunker VIP donde atendía a políticos y funcionarios, llegando a atender a la madre del gobernador y familiares de algunos diputados.
La institución se ha deslindado del asunto, mientras que personal médico de diferentes hospitales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad chiapaneca se ha manifestado y mostrado indignación tanto en las calles como en las redes sociales. La fiscalía ha informado que investiga ahora casos de corrupción en la estructura directiva del ISSTECH; mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha atraído en caso e informó que indaga posibles anomalías administrativas de las autoridades.
Lo cierto es que desde que empezó la pandemia, en Chiapas como en otros estados, médicos y pacientes se han quejado del desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, y ante ello, la práctica de solicitar mediante una receta los medicamentos a los familiares de los pacientes ha sido común.
Todo esto en medio de señalamientos de corrupción de las autoridades, como la asignación directa por más de 7 millones de pesos para un hospital de Chiapas, a una empresa farmacéutica ligada a un alto influyente del gobierno federal.
Otro señalamiento de asignación de contratos sin la debida licitación en la entidad, es el otorgamiento de 10 operaciones por asignación directa con fecha 11 de diciembre de 2019, para equipo médico por más de 68 millones de pesos, presumiblemente 10 veces más que su valor real.
La realidad es que existe el clamor ciudadano tanto en Chiapas como en gran parte del país, de que no hay insumos básicos ni medicamentos suficientes en hospitales, pero sí existen contratos millonarios para otros gastos no tan claros. El asunto está politizado: la hija del político influyente, autoridades que realizan un acto judicial en tiempo récord que ya quisiéramos ver en todos los demás asuntos, la CNDH exigiendo su lugar en el escenario, la comunidad médica indignada y el tema a todo lo que da en las redes sociales.
Sin duda estamos viendo un caso de exceso de poder, muy cuestionable porque parece que todas las normas y procedimientos legales se aplican en forma selectiva por quienes debieran tener el compromiso de la imparcialidad ante toda la sociedad y no solamente ante quienes pueden obtener favores valiosos.
Indigna y lastima a la sociedad el abuso excesivo del poder en el estado de Chiapas, es frustrante el accionar del sistema de justicia en esa entidad. Quienes deberían ser juzgados son los responsables de la falta de medicamentos, porque desde sus tronos saquean al erario y condenan a médicos y pacientes a luchar solos contra una enfermedad que no espera, no perdona, y no hace distingos sociales o políticos.
La corrupción en las instituciones es un agravio imperdonable, y más cuando las víctimas son ciudadanos sin recursos o médicos que sacrifican familia, tiempo, salud y ahora la libertad. Es indignante ver cómo desde el poder y el influyentismo se abusa de una sociedad que otorgó su confianza en una elección para que trabajaran por el bien común y no de sus propios intereses o venganzas personales.
La capacidad corrosiva del poder y de las influencias es ancestral, cobarde y perversa. En Chiapas los dueños del poder han dado muestra de ello. Hoy las calles se llenan de médicos en una protesta justificada cuando deberían estar en sus centros de trabajo salvando vidas, y muy posiblemente las mismas vidas de los familiares de los que hoy se encargan de acusar y encerrar por encargo.
Karen Alejandra Ramírez Molina ha exhibido un enorme poder, y las autoridades han demostrado arrogancia y servilismo.
El desafío que tenemos como país es grande, porque impera la desesperanza y la desconfianza.
Pareciera que el lema es: ¡Protejan al corrupto y atrapen al médico!
