POR Sergio MACEDO GONZÁLEZ
Ni siquiera el anuncio hecho por la Legislatura local, que propone sancionar hasta con dos años de prisión a quien impida la labor o agreda a los trabajadores del sector salud durante su ejercicio profesional, logra frenar los ataques a personal de los cuerpos de emergencias, quienes ahora no solo deben cuidarse de ciudadanos encolerizados, sino también de algunos representantes de la ley, como ocurrió en el municipio de Naucalpan la semana pasada.
La mañana del jueves 20 de agosto las redes sociales dieron a conocer un video en el que se observa a un elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Naucalpan forcejear con un paramédico de la Cruz Roja Mexicana, para impedir que brindara atención prehospitalaria a una persona que se encontraba en el interior de un vehículo particular, al parecer luego de verse involucrada en un choque. Esta situación causó la sorpresa e indignación de diversos sectores de la ciudadanía que no daban crédito a lo ocurrido en la avenida Fuentes de Satélite, colonia Colonial Satélite.
Ante estos hechos la Delegación Estado de México de la Cruz Roja Mexicana reprobó las agresiones de las que fueron objeto los tripulantes de la ambulancia identificada con el número Mex 404, a quienes bajo el argumento de que la lesionada se encontraba en calidad de detenida se les impidió auxiliarla, incluso fueron amenazados con ser esposados si insistían en cumplir con su labor.
Posteriormente el Ayuntamiento de Naucalpan informó que el policía involucrado en la agresión a los paramédicos fue separado de su cargo, y que la Comisión de Honor y Justicia de la Policía municipal abrió un expediente para indagar la actuación del elemento y, en su caso, fincar las sanciones correspondientes.
Lamentablemente situaciones como la anterior se repiten una y otra vez, la naturaleza de los servicios que atienden convierte a los paramédicos en blanco fácil de ataques por parte de pacientes combativos, familiares iracundos, criminales, servidores públicos insensibles, poco capacitados para coordinar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía, lo que convierte a esta profesión en un verdadero deporte extremo.
Rafael Rodríguez Delgado, quien, a pesar de su juventud, ya es todo un veterano en la atención prehospitalaria y combate de incendios, asegura que pertenecer a una agrupación de emergencias es todo un honor a pesar de los riesgos inherentes a la profesión, como es contagiarse de alguna enfermedad por contacto con los pacientes, la posibilidad de sufrir un accidente automovilístico cuando se va a atender un servicio, exponerse a sustancias toxicas o quedar atrapado en medio de una balacera.
A decir de Rodríguez Delgado ninguno de esos peligros se compara con un ataque por parte de la ciudadanía o un servidor público, esas actitudes provocan sentimientos de frustración, decepción, molestia y sobre todo desmotivan al personal, “es inconcebible que un policía se convierta en un obstáculo para atender a un lesionado, eso muestra una corporación insensible, a la que le hace falta mucha capacitación, pero sobre todo sentido común y humanismo”.
Paradójicamente a la par que el policía de Naucalpan violentaba a personal de la Cruz Roja Mexicana, en la legislatura estatal, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, Asistencia y Bienestar Social aprobaban una adición a la fracción al artículo 238 del Código Penal como una medida para detener las agresiones que han sufrido quienes laboran en el sector la salud durante la pandemia de covid-19, con lo cual se podría sancionar con penas de seis meses a dos años de cárcel y de 50 a 150 días-multa a quienes ataquen al personal del sector salud en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Al momento de atender a un lesionado en la vía publica un paramédico se vuelve vulnerable y requiere el apoyo de la policía para resguardar la integridad no solo del personal de salud, sino también de la ciudadanía, ahí radica la importancia de que los encargados de la seguridad pública sean aptos, estén preparados para desempañar su función y no entorpezcan la labor de otras corporaciones, pues de la coordinación interinstitucional depende la vida de otros seres humanos.
