POR Norberto HERNÁNDEZ
Noam Chomsky, en su libro “Quién domina el mundo”, ilustra el propósito de los empresarios al invertir en las elecciones y en los dos partidos dominantes en los Estados Unidos. Lo que han buscado y sostenido es la creación del Estado niñera, aquél que apoya sus intereses, por encima del interés público. Es decir, los hombres del poder económico dominan la agenda de los partidos, pagan las campañas de sus candidatos y, al ganar, cobran el favor ofrecido. De esta manera, se construyen mayorías o minorías negociadoras que subordinan la agenda pública a la agenda privada. Ejemplo de ello es el debate del calentamiento global y la industria de los hidrocarburos.
De hecho, en la reelección de los senadores o diputados, las empresas pagan campañas de desgaste a los adversarios de sus candidatos. Son métodos que buscan reelegir a sus aliados o ganar nuevos escaños para sus fines. Pueden acabar con la imagen pública de un adversario y dejarlo en franca indefensión pública y electoral. Al final, dice Chomsky, “el coste de las elecciones se disparó, metiendo a los dos grandes partidos más todavía en los bolsillos de las empresas”. Esa tendencia está destruyendo la democracia de los Estados Unidos. Al menos, en las dos últimas elecciones se ha dejado ver que el modelo de competencia requiere de reformarse en lo inmediato. La pregunta es “¿Qué tipo de democracia quieren los estadunidenses?
Lo que ha dado muestras de ser un grave riesgo para la democracia de la potencia del mundo es la ruta que quieren transitar los partidos políticos en México opositores al gobierno, al presidente en turno y a su partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El costo de las elecciones al erario público es alto, sobre todo para un país donde la mayoría de su población vive en la pobreza y pobreza extrema; lo peor es que ese dinero no es el valor real de las elecciones. En cada proceso electoral fluyen miles de millones de pesos por las cañerías con el propósito de modificar los resultados finales. Pero, a pesar de la combinación de dinero público y privado prevalece un formalismo que tipifica al dinero “por fuera” como complementario o surgido de acuerdos a futuro con los empresarios o dueños del dinero. Digamos que es la normalidad de nuestra transición democrática o una externalidad, para usar un término del diccionario neoliberal.
El financiamiento público legalmente obtenido, más la suma de las cantidades provenientes de inversionistas privados, todavía se maneja como un acuerdo político subterráneo, donde cada aportador espera recuperar su dinero, una vez que el apoyado llegue al cargo esperado. Este diseño, donde el financiamiento privado (legal o ilegal) es complementario, todavía no significa la total subordinación del poder público al poder económico. Pero el semáforo se puso en rojo cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acuden al llamado de los hombres del dinero para crear un alianza coyuntural con el único propósito de ganar escaños en la Cámara Federal de Diputados que impida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gobernar o condicionar su accionar al cumplimiento de acuerdos de tiempos pasados como el no pagar impuestos, licitaciones a modo, control de bienes y servicios públicos, etc. Es decir, volver al Estado niñera que protegía los intereses de unos cuantos hombres de negocios en contra del interés público, como ocurrió desde 1929 a 2018.
La subordinación del PRI, el PAN y el PRD es lamentable. No perdamos el tiempo ofreciendo argumentos para analizar que se unen ideologías o proyectos de Nación contrarios. No, eso no es relevante, porque desde hace años nada de eso interesa a los partidos que buscan unirse, vía la figura de candidaturas comunes o coaliciones. El fondo es que están acabando con el sentido histórico por el que fueron creados los partidos políticos. Su función es competir por el poder bajo reglas diseñadas en y por la democracia. Su razón y existencia es mantener el equilibrio entre ricos y pobres, entre poseedores y desposeídos; en términos concretos mantener la gobernabilidad y paz pública de cada Estado. Pactar con los ricos y poderosos solo para ganar elecciones es un pragmatismo extremo con altos costos para el futuro de México.
Antes de entregar la construcción de la democracia mexicana al poder del dinero es necesario un acto de reflexión patriótica y reconstruir sus partidos al interior, modificar sus reglas de selección de candidatos y romper con el yugo de los grupos minoritarios dominantes que usan a los partidos como negocios corporativos. Desde 2018, los partidos de oposición a AMLO están a un paso del precipicio, con su alianza con los promotores de “Sí por México” están dando un paso al frente.
