POR Leo ESPINOZA
Mucho se ha hecho por buscar el matrimonio igualitario en la entidad, colectivos y activistas han pasado muchos años realizando un sin número de estrategias desde el cabildeo, protestas, amparos, estrategias en redes, pronunciamientos, buscando recomendaciones de instituciones protectoras de derechos humanos, marchas y un largo etc. todas y todos han aportado su granito de arena, pero no se ha explorado una alternativa legal en contra de quienes no permiten acceder a las uniones civiles homoparentales, es por ello que quiero compartirles una nueva posibilidad.
En el Código Penal del Estado de México está contemplado en su artículo 211 el delito de discriminación el cual menciona: “Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, trabajo o profesión, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, embarazo o alguna otra que atente contra la dignidad humana y tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato a las personas”…. “Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor público, se aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y, además, se le destituirá e inhabilitara para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo tiempo de la privación de la libertad impuesta”
Esto implica que la comunidad LGBTTTI está en condiciones de denunciar a diputadas y diputados por atrasar dolosamente por más de 4 legislaturas el matrimonio igualitario por el delito de discriminación.
No obstante la opinión de la SCJN, CORTEIDH, CNDH, CONAPRED y la CODHEM en la que concuerdan y reconoce el derecho a acceder al matrimonio como lo marca la Constitución fortalecen y robustecen el argumento legal, pues no habría necesidad de que soliciten a estas instituciones opinión alguna, pues ya se han pronunciado al respecto.
Por lo que por primera vez la diversidad sexual tiene una vía libre de denunciar la discriminación que han sufrido por parte de las y los legisladores y tomar la delantera, ya no solicitar sino exigir, ahora toca pensar si la Fiscalía General de Justicia del Estado de México admitiría dichas denuncias.
Las y los legisladores buscaran a partir de septiembre acceder a otro cargo, de denunciar y contar con una sentencia antes del proceso electoral no solo les trunca la posibilidad de ser candidatos, sino que estarían directo en la cárcel, es tiempo de cambiar la mente tanto de la sociedad como de la clase política, están delinquiendo y son en parte responsables de los crímenes de odio en la entidad y de la discriminación sistematizada que sufre la comunidad LGBTTTI que está harta de atropellos constantes.
Pensar en esta viabilidad deja las cartas sobre la mesa, las y los activistas pueden quitar la denuncia si se reforma en favor del matrimonio igualitario y ley de identidad de género a la brevedad, pues se sabe que la ley asiste y protege, ya dependerá del actuar de las y los diputados.
¡Nos leemos la próxima semana querido lector, beso tronado y abrazo reparador!
Leo Espinoza, abogado, activista, conductor, político
