Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó su reporte anual sobre el estado que guarda el sistema penitenciario nacional y en el que se hizo énfasis sobre las condiciones de las cárceles del Estado de México. No se dijo nada nuevo, pero claramente fue una alerta para que las autoridades mexiquenses no se siguieran haciendo las desentendidas ante las condiciones paupérrimas y de riesgo.
Sobrepoblación, autogobierno, vida infrahumana, tensión, delitos sobre delitos y una constante advertencia de amotinamiento, eran las advertencias de la CNDH en torno a las 54 prisiones estatales y municipales de la entidad que tienen capacidad para no más de 6 Mil internos, pero habitan en ellas casi 16 mil reclusos, es decir, una saturación de casi el 200 por ciento.
Bien, algunas de estas consideraciones estallaron el pasado lunes en el centro penitenciario Juan Fernández Albarrán, de Tlalnepantla, mejor conocido como como Penal de Barrientos, donde en menos de 24 horas se fugaron cuatro reos en dos diferentes acciones.
Primero fue Jonathan Galicia Villegas, joven de 19 años, procesado por el delito de robo, quien logró burlar la vigilancia cuando era trasladado a la zona de juzgados.
Después de esto la tarde noche del 13 de junio se registró una riña entre internos de Barrientos que a su vez derivó en un motín, quema de colchonetas y cartones, el desorden, la incursión de mil policías, la confusión y… nuevamente la fuga de tres internos: Ángel Roberto Chavero, sentenciado por homicidio; José Antonio Arbizu, sentenciado por robo; y Bernabé ángel Ramírez, sentenciado por violación. Cuatro delincuentes evadidos en menos de 24 horas de este penal que tiene una población de más de 3 Mil reos.
Planeado o circunstancial, el hecho es que el sistema penitenciario mexiquense no sólo quedó rebasado con la sublevación de internos -que de hecho ya está- sino que fue exhibido en medio de un clima de inseguridad, donde ante la opinión pública custodios y gobiernos encargados de esas cárceles quedan en ridículo cuando los reclusos les pintan la cara después de una fuga.
Ahora el gobierno estatal ha dispuesto de 300 Mil pesos como recompensa para lograr la recaptura de estos delincuentes evadidos; ha puesto a disposición de un juez a directivos y a personal encargado de la custodia; y seguramente en los siguientes días habrán de reaprender a los delincuentes que salieron de paseo. Eso y más, pero nada cambia el desgarriate que identifica al sistema penitenciario del Estado de México, donde muchos no necesitan fugarse porque han encontrado en las celdas un paraíso para seguir delinquiendo.
