Una guerra fría se ha generado entre los activistas de la diversidad sexual, el sector religioso y el Congreso del Estado de México, precisamente por el congelamiento de la iniciativa que prevé la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Estado de México.
A raíz de la decisión legislativa de detener la aprobación, bajo el argumento de que los grupos parlamentarios del PAN y Partido Verde pidieron más tiempo para su análisis, el Movimiento Lésbico-Gay y representantes de la iglesia católica del Estado de México se han lanzado ataques y acusaciones mutuas a través de los medios de comunicación y expresiones públicas.
Todos han salido raspados, incluso la propia Cámara de Diputados a la que le asestaron un duro golpe el pasado miércoles cuando el movimiento LGBT tachó de “asnos” a los representantes populares. Esta fue una expresión dura e inequívoca de que el asunto se le está saliendo de las manos a las autoridades involucradas, que en este caso es la propia legislatura.
En este escenario de enfrentamiento, porque nadie puede negar que se trata de eso (un enfrentamiento), los activistas de la diversidad sexual han acusado a la iglesia de promover un ambiente de encono contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual que se ha visto reflejada –afirman- en amenazas, agresiones y un clima de homofobia que puede terminar en hechos lamentables.
En respuesta la Diócesis de Toluca, una de las instituciones religiosas aludidas, ha corregido a los defensores del matrimonio gay al sostener que lo único que ha hecho es defender el principio de la familia desde un terreno espiritual y dogmático. Afirma el clero que no ha ofendido a organizaciones ni preferencias, y remata diciendo que los integrantes de la diversidad sexual tiene las puertas abiertas para dialogar sobre el tema de los matrimonios igualitarios.
Este escenario de tensión mediática no es exclusivo del territorio mexiquense, de hecho es un asunto que se ha extendido a otras entidades del país, pero con mayor ahínco en la Ciudad de México y eso que la capital del país tiene una legislación de avanzada que reconoce derechos civiles de las parejas homosexuales.
Este terreno escabroso y minado no puede seguir siendo el lugar de batalla de los sectores involucrados, pues se corre un verdadero riesgo de arrastrar a la sociedad a un esquema de polarización ante un tema que debe limitarse a la definición legislativa y a la aplicación estricta de la ley. Esto es sencillo: ni la doble moral ni la defensa radical sistemática frente a los matrimonios igualitarios. La ley, señores, solo la ley.
