Por Alberto Abrego
ENTRE COMILLAS
“Es un buen momento para repensar la fórmula del financiamiento público que reciben los partidos políticos. Puede hacerse, sin romper el principio de equidad ni abrir paso a patrocinios ilegales” Carmen Aristegui. 27/oct/2019 Aristegui Noticias
“Lo que es muy caro es la dictadura, la democracia no es cara” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
El próximo 6 de junio, se disputará en México la contienda electoral más grande de la historia, pues estarán en contienda 15 gubernaturas, la renovación de 30 congresos locales y 1900 ayuntamientos y juntas municipales. Con más de 20 000 cargos de elección popular en juego, esta ha sido definida como la jornada electoral más grande de la historia, y lo será también el financiamiento que obtengan los partidos políticos, pues recibirán recursos como nunca antes.
El costo total de las fuerzas políticas, vía financiamientos federal y local ascenderá a más de 14 mil millones de pesos, que incluyen tanto las prerrogativas ordinarias como gastos de campaña. Pues hay que considerar que a los más de 7 200 millones de pesos que se otorgan a los partidos nacionales, las entidades entregan una cantidad similar a los partidos que compiten de manera local.
Mientras México enfrenta la peor crisis económica en medio de las necesidades que provoca la pandemia, los partidos políticos recibirán el mayor financiamiento de la historia. No hay manera de decirlo con otras palabras, esto equivale al peor de los insultos frente a la pobreza extrema de millones de mexicanos.
Es cierto que las partidas destinadas a los partidos políticos no las establece el Instituto Nacional Electoral o algún otro organismo gubernamental; los montos que se reparten están sustentados en el Artículo 41 de la Constitución, que ordena la aplicación de una fórmula para determinar la cantidad a repartir entre los partidos, estableciéndose una relación proporcional, a mayor número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, mayor cantidad de recursos destinados para cada elección.
Reducir el financiamiento público a los partidos corresponde a los legisladores, quienes lamentablemente han olvidado que son los encargados de escuchar las demandas ciudadanas, para llevarlas a su recinto y traducirlas en leyes favorables a la sociedad a la que se deben. Una de sus principales funciones es defender los derechos sociales y gestionar reformas que beneficien a sus representados; pero los hechos demuestran que su prioridad es velar por sus intereses partidistas antes los ciudadanos. De ahí que no sea tan complicado entender por qué seguimos pagando con dinero público cantidades cada vez mayores destinadas a los partidos políticos. Las escasas iniciativas de ley que se han propuesto en las diferentes legislaturas para reformar el Artículo 41 constitucional han sido rechazadas por los diputados en turno. ¿Pero cómo autorizar la reducción de dinero para sus partidos?, ¿cómo votar en contra de sus propios intereses partidistas?
Tan solo la mitad de lo autorizado a los partidos políticos representa una cantidad similar al presupuesto anual de la Secretaría de Salud y casi el doble de lo destinado a la Secretaría de Educación Pública. Alcanzaría para comprar 100 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19; o se podrían construir 8 hospitales de primer nivel; se podría adquirir el medicamento que les ha faltado a los niños con cáncer; o se cubrirían los gastos de edificación de unas 300 escuelas en zonas rurales del país.
Los ciudadanos están hartos de contribuir al gasto público para que los partidos, servidores públicos, representantes “populares” (sí, entre comillas) y políticos en general vivan, viajen y ostenten con sus familias lujos y comodidades mientras la pobreza golpea cada vez con mayor fuerza. Resulta por demás ofensivo que nuestra constitución esté reformada a modo para que se sirvan del erario a manos llenas. Somos rehenes de los partidos políticos y de la burocracia electoral. Tenemos la democracia más cara del mundo, si es que a este sistema de partidos voraces se le puede llamar democracia.
Nos esperan otros tres años más de legisladores improductivos que realizarán innumerables mensajes inútiles, promesas vanas y discursos mentirosos para no legislar los cambios que el país necesita, porque su verdadera intención es mantener a la sociedad en la ignorancia y la sumisión, a fin de facilitar sus ganancias partidistas, pues son los arquitectos de la legislación y los dueños de la legalidad.
Además, todo el dinero que obtienen vía el Instituto Nacional Electoral parece no ser suficiente, porque tienen también los financiamientos privados, y algunos de ellos conseguidos de fuentes inconfesables. Si no tenemos una justicia verdadera y confiable en la distribución de los recursos nuestro país no podrá salir de este caos nunca, seguiremos teniendo parásitos al amparo de la ley y legisladores con ausencia de representatividad hacia la sociedad, que se autorizan aumentos, prestaciones y se atribuyen dinero a sí mismos año con año.
Es un buen momento para cuestionar, y para exigir.
RÁPIDAS MEXIQUENSES: La emboscada y asesinato de trece policías en la comunidad de Llano Grande, municipio de Coatepec, Estado de México constituye no solo una afrenta, como declaró el Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México Rodrigo Martínez Celis ante el Fiscal General de Justicia de la entidad Alejandro Gómez Sánchez y los medios de comunicación, sino una demostración de poderío y de total falta de respeto a las autoridades y a las instituciones. El mensaje es claro, y las autoridades del Estado de México y la Guardia Nacional tienen una tarea urgente, una respuesta rápida y contundente en el marco de la ley. Estos sucesos siempre serán lamentables, y más en un contexto de dificultades económicas, sanitarias, sociales y de todo tipo. Esta visión violenta y sanguinaria es la que exportamos al mundo.
