POR Edgar ROMERO
El día 5 de octubre del presente año, en sesión remota, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrado por once Ministros, discutieron y decidieron sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la pregunta y la materia de consulta que el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador envió al presidente de la mesa directiva del Senado y esté a la Corte, la decisión ya todos la conocemos, una votación dividida, 5 votos apoyando el proyecto de Ministro Luis María Aguilar Morales en el sentido de que la materia de consulta y la pregunta son inconstitucionales, y 6 votos en contra del proyecto es decir, consideraron que la materia de consulta es constitucional pero que debería modificarse la pregunta.
Dentro de todos los posicionamientos destaca el de Arturo Saldívar Lelo de Larrea, del cual debe decirse que cuenta con todos los méritos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es un jurista extraordinario y brillante, sin embargo, a mi parecer podemos identificar dos etapas en el pensamiento jurídico de Lelo de Larrea, la primera donde aun no era presidente de la corte y que se distinguió por las resoluciones progresistas, de avanzada y protectoras de los Derechos Humanos, era destacado el papel de Lelo de Larrea en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica ya fuera en asuntos de las materias Civil y Penal (especialidad de la Sala) o incluso cuando la Corte sesionaba en Pleno.
La segunda etapa de Lelo de Larrea nos deja bien claro que no es nada sencillo ser Presidente de la Corte pues no es suficiente tener talento jurídico, sino que también debe contar con habilidad política para preservar el respeto y la autonomía del Poder Judicial de la Federación, no es novedoso que el Ejecutivo quiera tener injerencia en los asuntos que resuelve la Corte, esto ha sucedido siempre y por lo visto va a seguir sucediendo, lo que se critica de Lelo de Larrea es la actitud sumisa y complaciente por decir lo menos ante el Presiente de la República, y es que Andrés Manuel al tomar la Presidencia fue tras el tristemente celebre ex ministro (peñista) de la Corte Eduardo Medina Mora quien opto por presentar su renuncia luego de que la UIF y la Fiscalía General lo tuvieran en capilla, con esto, Andrés Manuel dio el golpe de autoridad que marcaria de una vez y para todo el sexenio su trato y relación con la Corte, probablemente por esto, Saldívar evita toda confrontación con López Obrador. Tal vez por eso, le dieron la suavecita al Presidente con su decisión.
De manera objetiva y lejos de apasionamientos podemos concluir sin lugar a duda que la pregunta propuesta por López Obrador era inconstitucional, de no haberlo sido, no tendrían porque rediseñarla y formular otra pregunta, que en estricto sentido nada o poco tiene que ver con la pregunta originalmente planteada, algunos ministros de la Corte (no todos) siguieron el juego al presidente, optaron por una decisión popular antes que una decisión constitucional, de no haberlo hecho en este momento tendríamos una Corte confrontada con el Presidente y un gran sector de la población crucificando a los ministros.
Lo que es preocupante es el manejo que se le da a la información porque virtud de ello crearon un ambiente para polarizar a la población “entre los que quieren y no quieren consulta” y esto no es correcto, estamos ante una falacia argumentativa, por ejemplo los que quieren consulta están de acuerdo en que se investigue y se juzgue a los expresidentes, lo que no implica que los que no quieren consulta no estén de acuerdo en que se investigue y se juzgue a los expresidentes, por supuesto que se les tiene que investigar y juzgar aun y sin consulta, por favor que no nos confundan, todos queremos que se investigue, se juzgue y castigue a los saqueadores de México. Lo que pasa es que proponer una consulta de tal magnitud significa orientar la intención del voto, de eso no hay duda, si yo no supiera que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, probablemente compraría el discurso de que ahora si se va a castigar a los “saqueadores del país” pues si hubiera intensión de investigar y juzgar a los expresidentes bastaría con la denuncia de una sola persona para que la Fiscalía General de la Republica o las Fiscalías de los Estados actuaran en consecuencia, no seria necesario gastar ocho mil millones de pesos en una consulta.
Los ministros de la corte (no todos) optaron por complacer al presidente y no confrontarse con el, decidieron por una salida popular y no constitucional.
