Los desastres naturales en nuestro país son una constante en nuestra vida nacional. A pesar de sus consecuencias, de gran impacto en la población, el Estado Mexicano no cuenta con una herramienta económica o financiera para hacer frente a estos fenómenos. En los últimos años, en prácticamente todo el territorio nacional, hemos enfrentado una creciente frecuencia e intensidad de fenómenos naturales adversos, como huracanes, sismos, incendios forestales, sequías e inundaciones, cuyos impactos han generado graves afectaciones tanto humanas como materiales.
Administraciones federales anteriores contaban con el Fondo de Desastres Naturales conocido por sus siglas (FONDEN); instrumento que constituía una herramienta diseñada e implementada para hacer frente a la población que resultaba afectada por consecuencia de estos fenómenos naturales. Lamentablemente este fondo fue eliminado en la administración del ex Presidente López Obrador; dejando a nuestro país sin un mecanismo estructurado, ágil y transparente para responder de forma inmediata y eficaz a las emergencias derivadas de desastres naturales.
Ante los diversos y constantes hechos naturales de consecuencias catastróficas, la reactivación de un fondo de reacción ante estos fenómenos, resulta urgente y necesaria por diversas razones. En primer lugar, un fondo de esas características permite al gobierno y a la población, contar con recursos etiquetados específicamente para la atención de desastres, lo que garantiza una respuesta inmediata, sin depender de la discrecionalidad de los titulares estatales o federales del ejecutivo; sin depender de reasignaciones presupuestales posteriores que siempre resultan engorrosas y tardías.
Una de las consecuencias originadas por haber eliminado el FONDEN, es que se generó un vacío institucional que ha ralentizado las acciones de emergencia, y ha impedido la recuperación y reconstrucción con consecuencias directas en la vida de miles de personas afectadas. Ejemplo reciente, lo son los efectos devastadores del huracán Otis en Guerrero (2023), que evidencian la falta de coordinación y de recursos inmediatos ante eventos de gran magnitud.
El contar con un fondo para desastres, representa una herramienta atribuida de mecanismos normativos y procedimientos técnicos que permiten auditar el uso de los recursos, contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Su estructura operativa, al incluir a dependencias federales, estatales y municipales, fomenta la corresponsabilidad entre niveles de gobierno y fortalece las capacidades institucionales locales y municipales.
A nivel económico, político y social; el mantener un fondo específico para desastres permite planear financieramente con mayor certidumbre. El costo de no contar con una respuesta oportuna se traduce en mayores pérdidas económicas, afectaciones a infraestructura crítica, rezago en zonas marginadas y una recuperación mucho más lenta, prolongando la vulnerabilidad social de las comunidades impactadas. Instituciones internacionales como el Banco Mundial y la OCDE han reconocido la importancia de estos fondos y port al motive, los promueven como parte de una estrategia nacional de gestión de riesgos, que además de conformidad con nuestra Carta Magna, constituye un derecho humano que debe ser velado y garantizado.
La actuales administraciones, cuentan con la posibilidad de constituir un nuevo fondo de desastres, que no implique simplemente restaurar una figura administrativa del pasado, sino que más bien, se modernice y se fortalezca incorporando en él las mejores prácticas internacionales, incorporando de igual manera; tecnología, participación ciudadana y enfoques de prevención. Se trata de desarrollar una medida estratégica de Estado, que permita al país, tener capacidad de respuesta frente a una amenaza que, por efectos del cambio climático, no solo persiste, sino que se agrava día a día.
El cambio climático ocasiona aumento en la temperatura promedio del planeta, cambio en los patrones de precipitación, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos como terremotos, sequías, huracanes e inundaciones. Este fenómeno implica un grave riesgo para la salud humana, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la estabilidad económica; y lo lamentable es que todo esto afecta directamente a los más desfavorecidos y a las comunidades más vulnerables, agravando aun más las desigualdades sociales.
En conclusión, podemos definir, que ante la realidad climática y sísmica de México, resulta imperativo contar con un instrumento institucional sólido que asegure una atención inmediata, eficiente y transparente a los desastres naturales. La reactivación de un fondo de desastres, debe entenderse no como un gasto innecesario, sino como una inversión estratégica en la protección de la vida, el patrimonio y la resiliencia del país; para la protección y atención de los más necesitados.
