- Acusan a Diputada de Morena, Berenice Medrano de usurpación de profesión.
- Denuncia ciudadana expone presunta falsedad de profesión de legisladora.
- Medrano Rosas se dice “psicóloga y terapeuta”… sin de cédula profesional.
- Documentación con la que se ostenta pertenece a Ingeniero del ITESM.
A esta columna llegó una denuncia ciudadana que por sus características y documentos es de llamar la atención, misma que expongo tal cual fue remitida:
“…La Diputada local de Morena por Zumpango, Berenice Medrano Rosas, suplanta identidad, usurpa funciones y usa documentos falsos en favor de una profesión que ejerce, pero de la cual carece el título debido para hacerlo. No hay registro de su profesión, pese a que se ostente como “psicóloga” de profesión, pues ésta no es una carrera que se pueda ejercer de manera experimental o práctica.
Usuarios en redes sociales, medios de comunicación y denuncias internas dentro de Morena, han revelado un polémico escándalo de corte penal, mismo que debe aclarar la diputada local por el distrito XX, del Estado de México, Berenice Medrano Rosas. Toda vez que ya se han realizado en su contra varias denuncias públicas (formales o no) sobre un supuesto fraude, al usurpar una profesión e identidades que no le corresponden. Es decir, que viene por años “ejerciendo” la profesión de “psicóloga” y “terapeuta” (cobrando por ello), sin tener título, cédula, registro o licenciatura alguna que avale un ejercicio lícito y debido de tal profesión.
Realizando una investigación al respecto, pudimos comprobar que existen diversos perfiles de redes sociales (algunos en uso, otros descontinuados de manera temporal), de los que se ha valido la susodicha para ostentarse como psicóloga, vender o promover sus servicios, y asumir tal identidad profesional. Tal es el caso de los Facebook: “Psic Berenice Medrano (Morena-Huehuetoca)”; “Diputada Local Berenice Medrano (@BereniceMedrano)”; “Psicóloga Berenice Medrano (@Psic.BereMedrano)”; y en Twitter: “Bere Rosas (@psic_bererosas)”; “Bere Medrano Rosas (@BereNaiceRosas)”. Todo ante un escándalo en redes, tras la filtración de una supuesta licencia expedida por la SEP, con el número “3634209” y con la CURP: MERB830329MMCDSR01, en favor de Berenice Medrano Rosas, por el título de “Licenciatura en Piscología”. Tal filtración se hizo supuestamente como defensa, ante los cuestionamientos públicos en sus diversas redes sobre su profesionalismo, falta de ética profesional, así como por no ostentar un título o una cédula profesional que avale la profesión que ha venido desempeñando por años y a título personal.
Sin embargo, al ingresar el número de folio de la cédula en el portal del Registro Nacional de Profesionistas (de la Dirección General de Profesiones de la SEP), no se encontró resultado alguno a su nombre. Cabe resaltar que ésta es la única base de datos y fuente (válida y oficial) en donde se encuentran concentrados los registros de todas las profesiones, posgrados y carreras técnicas (con título y cédula) expedidas en todo el país; sin importar año, sexo, entidad, institución, tipo de educación, etc. Por el contrario, al realizar la búsqueda por su nombre completo (único requisito), ésta no arroja resultado que coincida o bien, que vincule a tal nombre (o identidad) con alguna cédula profesional de todo el universo (es decir, del 100% de todas las cédulas expedidas en la historia de México a la fecha). Inclusive, si se busca (dentro del mismo sitio) por el número que refiere la cédula espuria (que circulaba en redes), se puede constatar que en realidad la licencia pertenece a un Ingeniero en Sistemas Electrónicos (de nombre Manuel “M.”) por el Tecnológico de Monterrey, expedida en el estado de Nuevo León, en el año 2002; no así una que coincida con el nombre y la persona de Berenice Medrano Rosas; lo que presupone un falseo de documentos, así como una usurpación de profesión como de identidad.
No obstante, ahí no termina el entramado delictivo contra la fe pública y la confianza del Estado. Como parte de su declaración curricular (legalmente obligatoria y bajo protesta de decir verdad, para todo aquel que desee asumir como legislador (a), afirmó tener estudios de maestría “truncos”; lo que da por hecho que declara tener una licenciatura que la avale como psicóloga y psicoterapeuta… de otra manera, ¿cómo lo ha venido haciendo todos estos años y ahora también al amparo del poder que su fuero le confiere?
Esto constituiría el delito de falso testimonio. A su vez, estos datos son fácilmente consultables en el portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex), y verificables en: https://www.ipomex.org.mx. En la misma declaración constata que fungió (profesionalmente) como ‘psicóloga’ y ‘terapeuta’ en una clínica pública para mujeres por más de un año (de 2017 a 2018). Esto es grave, pues son funciones y puestos que ameritan a un profesional con título y cédula, a fin de poder atender los graves casos de violencia física, sexual, económica, emocional, psicológica, familiar, infantil y de género, que se reciben a diario en las clínicas de la mujer en el estado.
Esto, sin mencionar la profesión que (sin credenciales) ha venido ejerciendo de manera privada por años, incluso antes de su incursión en el sector público y posteriormente el político. Estas conductas probadas, se tipifican en cuatro claros delitos: 1) falso testimonio; 2) usurpación de profesiones; 3) fraude; y 4) falsificación de documentos.
El Código Penal del Estado de México, tipifica el falso testimonio en el artículo 156 del mismo, penando tal delito con sentencias de dos a seis años de prisión; a su vez, el fraude se tipifica en los artículos 305 y 306, y según el art. 307, éste se castiga con penas desde los seis meses a los doce años de prisión, independientemente de las multas económicas que ameriten por honorarios a partir del ejercicio indebido de una profesión no sustentada conforme a la ley.
El mismo Código clasifica el delito de usurpación de profesiones en el artículo 176, con penas que van de los tres a los ocho años de prisión. Asimismo, éste también tipifica el uso de documentos falsos o alterados en el art. 173, castigándolo con dos a siete años de prisión, con posibilidad de extender un tercio la condena, en caso de tratarse de documentos oficiales (como es el caso). Es decir, estamos hablando de un período posible en prisión que oscila entre los 7 y los 33 años, mismos que podría enfrentar Medrano de ser desaforada, o bien, en un futuro próximo”.
Hasta aquí la denuncia ciudadana. Por supuesto que la diputada Berenice Medrano tiene que salir a desmentir o aclarar lo anteriormente expuesto; este espacio está a su disposición para cualquiera de los casos. De entrada, ayer este columnista le solicitó una entrevista, misma que fue rechazada por la legisladora.
