POR Norberto HERNÁNDEZ
El general Salvador Cienfuegos Zepeda ya fue juzgado, su condena es moral. Ante la sociedad, la opinión pública y entre sus compañeros de armas prevalece una sanción dividida sobre su conducta como Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA). Desde el punto de vista meramente militar no existe ninguna violación a la ley, como tampoco algún rebase a los límites propios del desempeño de la encomienda. En la milicia las órdenes se acatan, no se discuten. Es el principio de la obediencia debida, la aceptación acrítica de las órdenes. Eso es así en todos los ejércitos del mundo. A diferencia de la policía civil, los medios y mecanismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas se mueven bajo acciones encubiertas, de infiltración, de pactos no legales para cumplir con el objetivo. Su fin es servir al Estado, sea quien sea el presidente. Desde esa óptica, nada de lo hecho por el general Cienfuegos es ilegal. Simplemente cumplió las órdenes para concluir la misión.
Sin embargo, la condena viene por vía civil. Ahí no ay perdón, prevalecen los señalamientos de culpabilidad, sin la mínima fuerza argumentativa que los sustenten. La violencia que se vive en México, desde hace 30 años, motiva reacciones de linchamiento. No existe serenidad ni calidad en los argumentos que puedan contribuir al debate público en su justo medio. Esta polarización merece algunas precisiones para entender la complejidad del hecho.
La primera es que no fueron los militares los que salieron a las calles a combatir a la delincuencia organizada por elección propia. Fueron las autoridades civiles quienes, como último recurso, y tal vez único, sacaron al Ejército a patrullar las calles por el nivel de violencia que ejercen los grupos criminales, que se disputan el control del territorio nacional, para traficar drogas hacia los Estados Unidos. Si bien, la presencia de los soldados en el combate al tráfico de sustancias prohibidas se inicia durante los años setenta con la “Operación Cóndor”, su actuación cobró mayor fuerza durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando lanzó su guerra contra el narcotráfico. ¿Existía un marco legal que amparara la actuación de las fuerzas militares en las calles? No. ¿Quién dio la orden para que desempeñaran funciones de la policía civil? El presidente. ¿Por qué el presidente? Porque es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. ¿A quién obedecieron los altos mandos del Ejército? Al presidente. ¿Existía un Estado de excepción para que salieran a las calles? No. ¿Son culpables de las acciones desempeñadas en el cumplimiento de su deber? No, obedecieron órdenes del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
En segundo lugar, la Carta Magna establece claramente la actuación del Ejército. Cuando los soldados salen a las calles se pone en grave riesgo el respeto a los derechos humanos. Esto es así en México y en todos los países donde existe un ejército regular. Están entrenados para la guerra, para defender la soberanía de un país, no para andar correteando vendedores de droga. Su presencia en las calles y carreteras federales con la misión de desempeñar una función para la que no son entrenados constituye una sobre exposición del único bastión leal a las instituciones con que contamos en el país. ¿Son susceptibles de corrupción? Sí. ¿Deben ser juzgados los militares cuando tiene señalamientos de estar coludidos con el crimen organizados? Tal vez sí, tal vez no, depende de las órdenes.
Un tercer y último punto de vista. ¿Los argumentos emitidos desde los Estados Unidos para juzgar al general Salvador Cienfuegos obligaban a que fuera encarcelado en México? No, son dos sistemas jurídicos distintos y en eso puede estar fundada, y con razón de fuerza jurídica, la acción tomada por la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Lo liberó una orden del presidente, Andrés Manuel López Obrador? No, la FGR es autónoma. Si lo detenía la Fiscalía, al amparo de los argumentos reunidos por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) del gobierno norteamericano, el general hubiera sido puesto en libertad con cierta facilidad por sus abogados.
En el fondo, este no es un tema de orden legal. Es un tema político. Así lo ha entendido y manejado el gobierno mexicano. Más que un enfrentamiento con el gobierno norteamericano, este conflicto de origen diplomático, permitirá redefinir la cooperación entre los dos países. Sobre todo ahora que tome posesión el presidente Joe Biden. Debemos tener claro que nada que venga de los Estados Unidos es, en automático, bueno para México. Defienden sus intereses. Es momento que México defienda los suyos.
El combate al tráfico de drogas es un problema de corte estructural, y esta complejidad merece una atención, en principio, bilateral. Es momento de dejar atrás aquel viejo dicho: “Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.
