La evaluación al Poder Judicial, una nueva visión de la justicia
La justicia, en cualquier democracia, no es únicamente un sistema de normas, es un pacto social, es la promesa de que el poder tendrá límites, de que el ciudadano no estará solo frente al abuso, de que la ley no será un privilegio sino un resguardo común; en México, esa promesa se encuentra hoy ante una transformación histórica, la implementación de una evaluación obligatoria para jueces y magistrados electos por voto popular, una medida inédita que busca redefinir la legitimidad, la eficiencia y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
La reforma judicial no solo cambió el modo de acceso a los cargos, cambió, sobre todo, la lógica de la judicatura, del nombramiento técnico tradicional hacia un esquema donde la voluntad popular y la evaluación institucional convergen, la pregunta central ya no es si el sistema debe cambiar, sino si este cambio será capaz de fortalecer la justicia sin comprometer su independencia.
El origen de esta transformación se encuentra en una crisis prolongada, durante años, las encuestas nacionales han mostrado que menos de un tercio de la población confía plenamente en el poder judicial, mientras que la percepción de corrupción e impunidad ha sido una constante en el diagnóstico ciudadano.
El sistema judicial mexicano, aunque robusto en diseño constitucional, ha enfrentado una brecha crítica entre norma y realidad, expedientes acumulados, resoluciones tardías, criterios dispares y una estructura frecuentemente percibida como inaccesible para el ciudadano común.
En diversas entidades, los niveles de rezago procesal han alcanzado cifras alarmantes, en ciertos periodos recientes, hasta la mitad de los asuntos judiciales no se resolvieron dentro de los plazos esperados, generando un efecto corrosivo: la justicia que tarda deja de ser justicia. En ese contexto, la reforma emerge como respuesta política e institucional a una exigencia social creciente, que los jueces no solo decidan, sino que también respondan.
El nuevo modelo contempla que jueces y magistrados electos deberán someterse a evaluaciones periódicas obligatorias, vinculantes, con efectos sobre su permanencia y continuidad, no se trata únicamente de revisar cuántos casos resuelven, sino cómo lo hacen.
Los criterios contemplan indicadores como: cumplimiento de plazos procesales, calidad argumentativa de las sentencias, congruencia jurídica y respeto a derechos humanos, transparencia patrimonial y ética profesional, capacitación continua y actualización normativa, así como percepción ciudadana y experiencia de litigantes.
La evaluación se presenta como un instrumento de mejora, pero también como un termómetro de legitimidad, en este supuesto, donde los cargos son electos por voto, el desempeño se convierte en un elemento inseparable del mandato, sin embargo, el debate es inevitable: ¿Puede evaluarse a un juez sin politizar su función? ¿Puede exigirse rendimiento sin condicionar independencia? ¿Puede la justicia ser medida sin reducirse a estadísticas?
En teoría, el nuevo esquema podría generar beneficios estructurales; primero, obligaría a que ningún operador judicial permanezca en la comodidad institucional del cargo sin supervisión real, la evaluación rompe con una tradición de opacidad interna y abre la puerta a una cultura de desempeño; segundo, puede fortalecer la calidad técnica, un juez evaluado no solo debe resolver, sino fundamentar con claridad, consistencia y rigor, esto representa una oportunidad para elevar estándares.
Tercero, podría tener un impacto directo en la reducción del rezago, si la eficiencia se convierte en un indicador formal, los incentivos institucionales se alinean hacia una justicia más expedita y, finalmente, la reforma busca algo más profundo, recuperar la confianza, en un sistema donde la credibilidad judicial se encuentra fracturada, la evaluación pretende convertirse en puente entre ciudadanía e instituciones.
Pero ninguna reforma se sostiene solo en su intención, la implementación revela siempre los riesgos, el mayor desafío será evitar que la evaluación se convierta en un mecanismo de control político que permita, en todo momento, continuar con la independencia judicial, lo cual no significa impunidad institucional, pero sí implica que un juez no pueda decidir con miedo, ni con cálculo electoral, ni bajo amenaza indirecta.
Si los evaluadores no son técnicamente autónomos, si los criterios no son transparentes, o si las evaluaciones se utilizan selectivamente, el sistema podría degradarse en lugar de fortalecerse, es decir, la justicia evaluada debe ser justicia supervisada, no justicia condicionada.
La evaluación debe tener un componente formativo, de lo contrario, se convertirá en un instrumento meramente punitivo, un sistema moderno requiere jueces actualizados en derechos humanos, perspectiva de género, justicia digital, ética judicial y en los nuevos estándares probatorios.
Los indicadores deben evitar el riesgo de que se privilegie la cantidad sobre la calidad, resolver más casos no siempre significa resolver mejor, además, incorporar percepción ciudadana es valioso, pero metodológicamente delicado, la opinión pública puede estar atravesada por prejuicios, desinformación o coyunturas mediáticas.
Desde la aprobación de la reforma, el país ha entrado en una etapa de reacomodo institucional, el Poder Judicial, históricamente uno de los más cerrados, enfrenta ahora una apertura forzada al voto, al escrutinio y a la evaluación, este proceso ha generado tensiones internas, resistencia corporativa, debates constitucionales y preocupación en sectores académicos, pero también ha despertado expectativas legítimas en la ciudadanía.
México se encuentra, en esencia, en un experimento democrático complejo: construir un poder judicial más cercano al pueblo sin sacrificar su función contramayoritaria, es decir, su deber de poner límites incluso cuando el poder o la mayoría presionan; la evaluación obligatoria de jueces y magistrados electos no es una panacea, es una herramienta, su éxito dependerá de su diseño, su autonomía y su propósito real.
Si se convierte en un mecanismo técnico, transparente y profesionalizante, puede ser el primer paso hacia una justicia más eficaz y legítima; si deriva en control político judicial, puede representar un retroceso histórico, en el fondo, lo que está en juego no es solo el desempeño de jueces, sino la salud democrática del país, porque una nación no se mide únicamente por sus leyes, sino por la forma en que sus tribunales las aplican.
La justicia, ahora, está bajo examen y, con ella, también el futuro del Estado de derecho.
