Pese a sentencia por violencia de género, la Diputada Federal Teresa Castell arremete contra la comunidad trans.
Castell buscara retroceso del reconocimiento de identidad de género y prohibir la participación en los deportes para personas trans.
Odio consumado o estrategia para ganar adeptos de la clase conservadora en México.
Hace unos meses fue nota nacional la determinación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en la que la diputada del PAN, María Teresa Castell cometió violencia política de género contra la diputada trans de Morena, Salma Luévano situación que culminó con la inscripción de la panista en el registro nacional de personas sancionadas en materia política contra las mujeres del INE. Pues se comprobó que ejerció violencia simbólica, psicológica y digital a través del uso del lenguaje verbal y escrito discriminatorio en el programa Atypical TV y en sus redes sociales.
Sin embargo, los esfuerzos de Castell por frenar el reconocimiento de mujeres y hombres trans, ahora se materializan con iniciativas encaminadas a revertir la Jurisprudencia derivada del Amparo en Revisión 155/2021, en el que se reconoce al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Las razones por las que quiere implementar dichos cambios es por los últimos acontecimientos que los que se ven involucradas mujeres trans donde no se les permite el acceso a baños públicos en espacios institucionales o comerciales, la polémica sobre el reconocimiento de infancias y adolescencias trans, y el libre acceso y participación a los deportes, bajo este criterio ella busca “eliminar la discriminación contra mujeres y niñas, asegurar atención a salud y registro de nacimiento de conformidad con el sexo biológico”.
La diputada federal presento ante el pleno de la Cámara de Diputados este martes 24 de octubre del 2023 ambas iniciativas, sin embargo, ¿qué tanto futuro político y mediático tiene dicho posicionamiento?, primero se deben ver los posibles escenarios enfocados a la realidad subyacente en la que vive la diversidad sexual en México actualmente.
En nuestro país son 19 las entidades que reconocen a las personas trans, cuatro a las infancias y adolescencias, se cuenta con jurisprudencia a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que las últimas encuestas de la ENADIS (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México) reflejan un porcentaje mayor a otros años en favor de las poblaciones trans.
Dichos elementos nos dan un panorama amplio de como México aunque a pasos lentos va tendiente al respeto de la diversidad sexual, por lo que la batalla jurídica y social está en favor de las poblaciones LGBTTTTIQANB+, por otro lado, también es verdad que el gobierno actual con sus mayorías en los congresos locales permitiera dichos avances, y todo parece indicar que se mantendrá por lo menos seis años más en lo federal y con la mayoría de las entidades en la que gobierna.
Por ello, resulta sorprendente que Tere Castell no realizara sus cálculos políticos en función de las probabilidades sociales, jurídicas y legislativas para que dichas iniciativas lleguen a su consumación y borren la lucha social de organizaciones y activistas que en sus diferentes demarcaciones lograron tan ansiados cambios.
Castell pisa terreno pantanoso y solo deja entrever que no está al tanto de los cambios sociales del país, y que más allá de ir en retroceso, van hacia adelante, o ¿qué postura tendrá cuando las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad que se están trabajando en diferentes estados sea una realidad? Y que el PAN por resolución tenga que postular candidaturas diversas.
