“Después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo, Gobierno del Estado entregará cámaras de solapa para vigilar el actuar de policías”
Rodrigo Martínez-Celis Wogao entrega 1700 cámaras a policías de tránsito, de género y que atienden manifestaciones.
A una semana de la agresión a activistas y periodistas no hay responsables.
El pasado 19 de mayo fue el día más oscuro en cuanto al actuar de la policía estatal en contra de manifestaciones por parte de la sociedad civil organizada, el operativo que buscaba que la toma de posición del nuevo arzobispo Raúl Gómez González transcurriera con relativa calma culminó exhibiendo la violación a derechos humanos y agrediendo a periodistas y activistas LGBTTTIQA+.
Cuatro periodistas golpeados, uno de ellos Abraham Sierra con fractura, 5 activistas golpeados dos de ellos personas trans, todo registrado en video. La táctica de encapsular a la manifestación fue innecesaria pues no hubo disturbio alguno.
La actuación policíaca no pasó desapercibida por parte de la ciudadanía, figuras públicas condenaron los hechos, se iniciaron quejas en la CODHEM por violación a los derechos humanos, se realizaron manifestaciones por parte de periodistas y aún se buscan responsables de quién dio la orden de reprimir a dos sectores históricamente vulnerados por un lado la diversidad sexual quien a nada de conseguir el dictamen que avalara las uniones civiles fue aplazado sin fecha próxima de discusión y al sector periódicos quien en el ejercicio de su profesión son víctimas de desaparición, amenazas, violencia y homicidio.
Si bien la medida de Rodrigo Martínez-Celis es buena y obligada, se debe pensar que el número de cámaras entregadas es insuficiente para cubrir la totalidad de elementos policíacos, también falta saber si se harán públicas las grabaciones, quien las monitoreara y de qué manera cambiarán de facto el actuar de la seguridad en el Estado, dónde el clima de violencia crece y la percepción de la ciudadanía sobre la policía, es más de desconfianza.
Lo que se vivió hace ocho días no tiene justificación por dónde se le busque, por muy fuerte que sea una manifestación no hay licencia para golpear a alguien desarmado, por la espalda, a mujeres cisgénero y trans, a la prensa. Nadie dio la cara y nadie la dará, lo que quedó claro es que el Estado al verse rebasado por no poder atender las demandas de la ciudadanía optó por la violencia y eso de ninguna manera se puede volver a repetir, solo recordemos lo que marco el aquel fatídico año del 68, en el que una manifestación estudiantil dejo una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de los mexicanos.
