Gerardo Mendoza
Toluca- En las últimas 24 horas, ocho personas fueron puestas a disposición de la Fiscalia mexiquense por prestar el servicio de seguridad privada sin contar con los permisos vigentes.
En un comunicado se detalló que también cuatro empresas fueron notificadas de la situación irregular bajo la que operaban.
El servicio de seguridad privada resulta esencial tanto para las empresas como para las entidades públicas.
Sin embargo, para operar de manera legal, los proveedores de estos servicios deben poseer un permiso vigente, expedido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
Dicha autorización se concede solo después de cumplir con varios requisitos que aseguran que el servicio cumple con los estándares de calidad.
Esta administración estatal opera bajo un esquema de cero corrupción y máxima transparencia, por lo que la SSEM inició un proceso de revisión de la situación en la que actúan las empresas de este ramo, lo que ha derivado inicialmente en la suspensión de actividades de cuatro de ellas y la detención de ocho personas por el delito de usurpación equiparada de funciones, previsto y sancionado en el artículo 176, fracción III, del Código Penal del Estado de México.
Esta dependencia exhorta a todas las personas físicas y morales, a prestar y contratar servicios de seguridad privada, cumpliendo con la normatividad vigente en el Estado de México y bajo el amparo del permiso vigente que expide esta Secretaría.
De lo contrario, quienes presten dicho servicio de manera iregular podrían cometer el delito de usurpación de funciones equiparada, el cual tiene una pena de hasta ocho años de prisión y mil días multa.
Y quienes contraten dicho servicio a quien no cuente con la referida autorización vigente, puede hacerse acreedor a sanciones administrativas de hasta 5,000 UMAS.
El proceso de verificación a las empresas de seguridad privada se encuentra en marcha y se revisará la situación del total de aquellas que se encuentren registradas, así como la detección de las que presten este servicio sin haberse registrado, tal como lo marca la ley.
