* Para la dirigencia del Sol Azteca no hay claridad en la aplicación de los recursos públicos.
Una de las razones por las cuales el Estado de México es una de las entidades más inseguras y peligrosas del país es el cúmulo de irregularidades en el manejo de su presupuesto, en particular el destinado a seguridad pública, por lo que el diputado Omar Ortega Álvarez demandó aclaraciones a sus autoridades.
Debido a la relevancia del tema, pidió intervención de la Cámara de Diputados a través de una proposición con punto de acuerdo, pues este órgano legislativo le ha aprobado al gobierno mexiquense cuantiosos recursos federales para enfrentar el problema, los que sin embargo no han sido aprovechados.
El líder del PRD en ese estado citó observaciones, recomendaciones y denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo irregular del gasto para fundamentar su petición de aclaraciones al gobierno.
Destacó que este órgano legislativo de la Federación tiene toda la autoridad para exigirle cuentas, pues tan sólo para 2016 le aprobó 206 mil 887 millones de pesos, 7.07 por ciento más respecto a 2015 y equivalentes al 71 por ciento del presupuesto total mexiquense.
A pesar de que ocho mil 247 millones de ese total fueron para seguridad –dijo-, hoy el Estado de México es uno de los más inseguros del país, a grado tal que, por ejemplo, entre enero y agosto fueron asesinadas al menos seis personas al día, para llegar a un total de mil 514 tan sólo en ese periodo.
“Aunado a que esta semana distintos medios de comunicación han registrado el feminicidio número doscientos en la entidad, en lo que va del año, siendo la violencia de género otro lastre que arrastra la actual administración” detalló el legislador Omar Ortega.
Esto ha provocado que hasta el gobierno estadounidense haya alertado a sus ciudadanos para no visitar municipios como Ecatepec, Coacalco, La Paz, Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca.
Y mientras los mexiquenses viven en constante e intolerable peligro –a grado ya de tomar las calles para protestar y en el peor de los casos para hacerse justicia por propia mano-, el gobierno hace manejo irregular del presupuesto cada año.
En junio de 2015, por ejemplo, la ASF le pidió a la Contraloría Interna del Estado investigar y fincar responsabilidades a quienes omitieron ejercer el total de 173 millones de pesos de subsidio federal entregados en 2014 para seguridad, pues no querían regresar la diferencia ni los intereses devengados. A la fecha, aún hay recursos por reintegrar.
La misma petición le hizo respecto a 616 millones de pesos transferidos al Edomex del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) de 2014, pues tanto la Comisión Estatal de Seguridad como la Procuraduría General de Justicia los hicieron perdidizos al depositarlos en cuentas propias para otros recursos, en abierta contravención de la normatividad aplicable.
Algo similar sucedió con el FASP de 2013. Al 31 de diciembre de ese año sólo se habían ejercido 40 por ciento de los recursos y a la fecha de la auditoría (en 2014) sólo 56 por ciento. Fue hasta el 31 de marzo de 2015 cuando al gobierno mexiquense trató de justificar una ridícula cantidad de lo faltante.
Sin embargo, la información fue, por decir lo menos, insuficiente. Según la versión del gobierno estatal, compró armas a la Secretaría de la Defensa Nacional por 3.3 millones de pesos, pero sólo reportó bienes por 755 mil pesos. Además, en la partida “arma larga” no acreditó bienes por 2.16 millones.
En todos los casos, la ASF –dependiente de la Cámara de Diputados- emitió pliego de observaciones o fincó promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, sin que a la fecha haya resultados en cuanto a la comprobación o devolución del gasto aprobado ni en cuanto a responsabilidades.
En opinión del diputado Ortega Álvarez, es imperativo que la Cámara de Diputados intervenga, pues resulta agraviante que mientras los contribuyentes aportan tantos recursos para que les sean resarcidos en buenos servicios, uno de éstos –la seguridad- es el gran pendiente en la administración del gobernador Eruviel Ávila, con todo lo trágico que ello implica para la ciudadanía, sentenció.
