Lilia González
El Gobierno del Estado de México estableció mecanismos extraordinarios de simplificación administrativa, apoyo registral y beneficios fiscales para eliminar las barreras económicas y administrativas que históricamente han impedido la formalización de la propiedad en favor de familias de escasos recursos.
Ante ello, publicó en Gaceta de Gobierno el Decreto por el que se determinan acciones para la ejecución del Programa Especial de simplificación, apoyo fiscal y registral para la regularización y escrituración de viviendas, coordinado por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
“En el Estado de México existe una problemática significativa de irregularidad en la tenencia de la tierra, cuyos posesionarios han invertido sus recursos en la construcción de sus viviendas sin contar con certeza jurídica sobre su patrimonio. El proceso de regularización conlleva costos significativos en trámites, derechos, impuestos y honorarios profesionales, así como tiempos de resolución que pueden extenderse por varios años, lo que constituye una barrera efectiva para que las familias de menores ingresos accedan a la propiedad formal”, se indica en el documento.
Dichos costos y tiempos varían según el municipio, el tipo de instrumento jurídico aplicable y las características del asentamiento, siendo precisamente los que el Programa Especial busca reducir mediante la simplificación administrativa y el apoyo fiscal.
La Ley de Ingresos de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2026, prevé que los ayuntamientos podrán dar a los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, por operaciones realizadas mediante Programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra, y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el 2026, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, los recargos y la multa, según corresponda; así como estímulos fiscales de hasta el 100% en el monto de la contribución que corresponda, en el marco de los programas de regularización de vivienda de inmuebles con uso habitacional.
Ante lo anterior, las medidas planteadas destacan la reducción de tiempos de respuesta, la exención o disminución de diversos derechos y la simplificación de trámites relacionados con el registro público, el catastro, el uso de suelo, la protección civil, la certificación de vialidades y los servicios públicos.
A la par, el decreto estará vigente de agosto de 2026 hasta abril de 2027, buscando que las y los mexiquense que busquen tener certeza jurídica sobre su propiedad, puedan acceder a beneficios fiscales y a la simplificación administrativa por parte del Estado y los municipios que, mediante acuerdo de Cabildo, autoricen su adhesión al Programa Especial y suscriban el convenio correspondiente con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
