Redacción
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, aunque la resolución no cancela las acusaciones ni modifica la prisión preventiva domiciliaria que cumple en Ensenada.
La medida fue concedida dentro del expediente de amparo 1085/2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca. La resolución impide que el procedimiento avance hacia la apertura del juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo.
La Fiscalía General de la República aclaró que la suspensión no representa el cierre del proceso ni una exoneración para el exmandatario. Ruffo permanece vinculado a proceso y sujeto a las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.
El exgobernador fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal. Después fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció alrededor de dos meses y medio.
El 26 de septiembre, un juez autorizó modificar la medida cautelar y permitió que continuara el proceso bajo prisión preventiva domiciliaria, debido a su edad y condiciones de salud. Desde entonces permanece en su residencia bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.
La investigación de la FGR señala que Ruffo habría participado en una estructura dedicada a importar combustible de manera irregular para evadir el pago de impuestos. La dependencia también investiga a otras 24 personas y estima un posible daño a la Hacienda Pública Federal superior a 4 mil millones de pesos.
Dentro de las indagatorias aparece la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la que Ruffo fue fundador y secretario del Consejo de Administración. La Fiscalía investiga si desde esa estructura se coordinaron operaciones financieras y comerciales relacionadas con la importación irregular de hidrocarburos y con una cadena de empresas energéticas establecidas en Estados Unidos.
Los delitos imputados incluyen delincuencia organizada, contrabando y conductas ilícitas en materia de hidrocarburos. La suspensión definitiva mantiene detenido temporalmente el avance del proceso hacia juicio oral, pero no modifica la situación jurídica del exgobernador ni elimina las acusaciones, que continuarán sujetas a revisión judicial bajo el principio de presunción de inocencia.
