REDACCIÓN
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aceptó dos recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a la actuación de elementos del Servicio de Protección Federal y de la Policía Federal.
De acuerdo con un comunicado, la recomendación 84/2018 fue originada por actos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos del Servicio de Protección Federal en junio de 2013, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.
En dicho caso se determinó la comisión de violaciones a la integridad de la víctima en virtud de haber sido lesionada con arma de fuego.
Mientras que la recomendación 85/2018 derivó de violaciones a los derechos humanos en junio de 2015, en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, como consecuencia de actos relacionados con elementos de la Policía Federal, dando como resultado personas lesionadas y una más que perdió la vida.
A efecto de atender dichas recomendaciones, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ha instruido colaborar ampliamente con la CDNH a fin de realizar las investigaciones en contra de los elementos que participaron en dichos actos.
Así como aportar al Órgano Interno de Control del Servicio de Protección Federal y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, las pruebas y elementos necesarios para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
De igual forma, dio instrucciones tanto al comisionado del Servicio de Protección Federal, como al comisionado General de la Policía Federal, para llevar a cabo las acciones destinadas para dar cumplimiento al protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza y en materia de derechos humanos.
Asimismo, se aportarán los elementos al Ministerio Público para la debida integración de las indagatorias relacionadas con los hechos.
Con el objeto de atender de manera integral las recomendaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ratificó la disposición de contribuir para esclarecer los hechos y lograr la reparación integral del daño a las víctimas en coordinación con otras instancias públicas.
De esta manera, la dependencia reitera su compromiso con el pleno respeto a los derechos humanos, bajo los principios de legalidad, eficiencia y honradez, al tiempo que ejerce con profesionalismo su responsabilidad en materia de seguridad pública.
