La defensa de Rosario Robles, exsecretaria de Desarollo Social, pidió que se le concediera la prisión preventiva porque es mayor de 60 años, tiene hipertensión arterial y padecimientos crónicos respiratorios, por lo que hay riesgo de que contraiga COVID-19; sin embargo el juez negó la petición, al mismo tiempo que ordenó se le realizará la prueba para detectar si es portadora del virus.
El equipo jurídico de la exfuncionaria, hoy encarcelada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, detalló que este jueves en audiencia privada el juez de control del Poder Judicial de la Federación confirmó la prisión preventiva justificada.
Explicaron que la solicitud que presentaron para que Robles obtenga la prisión domiciliaria se sustenta en que encaja grupos que se consideran de vulnerabilidad, ser mayor de 60 años, padecer hipertensión arterial y enfermedades crónicas en vías respiratorias: además de ser mujer privada de su libertad, en el marco de la liberación de personas bajo la recién aprobada Ley de Amnistía.
Sin embargo, el juez consideró que la petición no fue procedente ni con un brazalete electrónico ni con la firma periódica, ya que los padecimientos de Salud que muestra la exfuncionaria han sido atendidos.
De acuerdo a los abogados, el juez pidió que se le realice la prueba de COVID-19 para descartar si es portadora o no del coronavirus SARS-CoV-2, pero hasta la noche de este viernes no se le había aplicado.
El equipo jurídico aseguró que han demostrado que, sobre la licencia de conducir que se le atribuye a Robles, y que es uno de los argumentos del juez para mantener la prisión preventiva ante el riesgo de fuga, no tiene la misma firma ni la huella de la acusada; según lo demostró un peritaje en criminalística de campo y cronometría.
