POR Alberto ABREGO
“Luche por nuestros hijos como lo hizo por la presidencia”
Madre de normalista desaparecido (Ayotzinapa)
La noche del 26 de septiembre de 2014 fueron atacados cientos de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, seis personas murieron, 40 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron capturados por policías de Iguala y de Cocula, Guerrero, quienes posteriormente los entregaron al grupo delictivo conocido como “Guerreros Unidos”. No se volvió a saber de ellos.
Meses después, la Procuraduría General de la República concluyó en su “verdad histórica”, que el entonces alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes eran parte importante del crimen organizado en la entidad, fueron los autores intelectuales de una masacre que aún no se ha podido explicar totalmente. Abarca y su esposa están en la cárcel, el entonces gobernador Ángel Aguirre tuvo que separarse del cargo, el número de enjuiciados por el caso sumaron más de cien, a la fecha hay 80 detenidos, pero no es suficiente.
La versión de que los 43 estudiantes fueron ultimados e incinerados en el basurero municipal de Cocula y que posteriormente fueron depositados sus restos en bolsas de basura que arrojaron en un río cercano, no ha convencido a los padres de familia, ni a la mayoría de los medios de comunicación, ni a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ni a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), ni a Organismos No Gubernamentales (ONG), ni a la opinión pública… a nadie.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de médicos y juristas enfocados a investigar lo sucedido aquel 26 de septiembre, (creado por la CIDH), exhibió graves fallas en la investigación federal y rechazó la famosa “verdad histórica” oficializada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam; entre otras cosas porque, según los expertos independientes, para incinerar los cuerpos de los 43 normalistas se hubiera necesitado quemar más de 30 toneladas de madera y unos mil neumáticos durante aproximadamente 60 horas, ya que el tiempo requerido para incinerar un cuerpo en esas condiciones es de aproximadamente de entre una y dos horas, y que en el basurero de Cocula no existen las condiciones necesarias para efectuar tales actos.
Está documentado, la famosa “verdad histórica” se convirtió en la mentira histórica más grande y ruin de ese y de muchos sexenios. Se cumplieron seis años ya de aquellos actos que se han convertido en vergüenza nacional e internacional. La indignación sigue vigente, esa no caducará jamás. La falta de credibilidad en nuestras instituciones crece. Pareciera un riesgo calculado de las autoridades, pareciera que se le apuesta más al tiempo y al olvido.
A la fecha, el estado (el de antes y el de ahora) ha sido incapaz de atender la demanda de una investigación razonable, congruente, seria, responsable y creíble; y por lo visto, ha sido incapaz también de mostrar un poco de sensibilidad ante el dolor de las 43 familias, tal vez porque aquellos vergonzosos hechos ya no representan ganancia política. Porque algo es claro, la respuesta poco sensible hacia las víctimas y hacia los familiares que no encuentran a sus hijos ha tenido una expresión institucional muy clara, se percibe indiferencia y se apuesta a que el tiempo extinga poco a poco todo tipo de exigencia. Recientemente las autoridades declararon que no habrá impunidad y que las investigaciones avanzan. Sí, la sociedad se ha dado cuenta cómo han avanzado, sí se advierte cómo están avanzando ahora, y seguramente teme que las investigaciones “sigan avanzando” de la misma forma por muchos años más.
¿Cómo lograr así, credibilidad en nuestras instituciones?, ¿cómo mitigar tanta frustración de los familiares y amigos de las víctimas?, ¿y de la sociedad en general?, ¿cómo asimilar una vergüenza social más en la historia de nuestro país ante una nueva matanza estudiantil?, ¿cómo lograr una verdadera transformación en el estado de derecho, en las instituciones, pero sobre todo en las conciencias de quienes dirigen el rumbo de México?, ¿cómo explicarles a las nuevas generaciones de gente buena, que en su país se desaparece a los estudiantes impunemente?, ¿que ninguna autoridad es capaz de localizar el paradero de 43 estudiantes desaparecidos?, ¿cómo creer?, ¿cómo tener una esperanza verdadera, esa que desde el estado se quiere imponer mediáticamente?
Y como siempre, cada año los políticos levantarán la voz y seguirán tomando estos hechos como estandarte político. Como las masacres de estudiantes del dos de octubre y del 10 de julio, como el caso Colosio, como Aguas Blancas, como las fosas clandestinas en todo el país, como las decenas de miles de muertos al año producto de la inseguridad, como Tlatlaya, como Tamaulipas, como Michoacán, como Sinaloa, como Jalisco, como los casos de corrupción evidenciados, como la impunidad, como el descaro de quienes estafan al amparo del poder, como los 80 mil muertos por la pandemia, hasta que ya no signifique ventaja política o hasta que surjan otros hechos perversos que opaquen momentáneamente al anterior.
Una vez más, la impunidad gana terreno, y con ella la rabia, la frustración y la desesperanza.
Lamentable…
