miércoles, diciembre 18, 2024
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Sociedad civil exige justicia ante absolución por presunto abuso infantil

Redacción

Después de una controvertida decisión judicial en el Estado de México, donde el juez Juan Manuel Alejandro Vitela, adscrito a los juzgados del penal de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla, desestimó los cargos por abuso sexual contra un presunto agresor a pesar de que se había acreditado la agresión, se anunció un mega bloqueo en el Periférico Norte, en Naucalpan.

El juez justificó su fallo absolutorio argumentando una insuficiencia de pruebas para acreditar el delito, a pesar del testimonio de la menor agraviada. Durante el juicio, un video compartido en redes sociales muestra la abrupta respuesta del juez a los cuestionamientos de la madre de la víctima, quien señaló que tanto ella como otros presentes escucharon el relato de la niña. Sin embargo, el juez insistió en la falta de datos precisos por parte de la menor, como la fecha y hora del supuesto abuso. «Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el lugar, el día, el horario», señaló Martínez Vitela.

La Red por los Derechos de la Infancia en México rechazó vehementemente la sentencia, calificándola como contraria a los intereses superiores de la niñez y a la Constitución, además de un acto de revictimización y discriminación hacia la menor.

En respuesta a esta decisión judicial, el 27 de febrero se llevó a cabo una manifestación en el Periférico Norte, en Naucalpan, donde participaron colectivos feministas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil, bloqueando todos los carriles centrales y laterales de la vía. La protesta buscaba llamar la atención de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial del Estado de México.

Tras la absolución de Alejandro “N”, tío de la menor por parte paterna, sigue sin denunciar, a pesar de que la pequeña confesó lo sucedido a sus dos padres al mismo tiempo y “defendió al hermano a capa y espada'», destacó Victoria Figueiras, madre de la víctima.

También señaló una presunta corrupción, comentando que no puede confiar en la Fiscalía de Género. «O sea, están defendiendo al agresor, ¿por qué? Tráfico de influencias, corrupción, yo qué sé, pero obviamente dije “por Dios santo, en quién voy a confiar””, aseguró.

Cabe destacar que Juan Manuel Alejandro Vitela, quien ostenta el cargo de juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en el área de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, percibe un sueldo mensual bruto de 119,861.90 pesos. Tras los impuestos, su sueldo mensual neto queda en 78,091.65 pesos.

En este sentido, el monto de su aguinaldo, prima vacacional, gratificación por convenio y reconocimiento a servidores públicos asciende a 236,626.40 pesos brutos anuales. Después de los impuestos, estas prestaciones quedan en 179,743.58 pesos netos anuales, según lo presentado por ADN noticias.

Figueiras, quien ha enfrentado un difícil proceso legal durante dos años, expresó su indignación y falta de confianza en las autoridades. Denunció irregularidades desde la integración de la carpeta de investigación y destacó la falta de protección hacia su hija por parte del sistema judicial. Asimismo, insistió en seguir todos los caminos posibles para exigir justicia, ya que afirma contar con todas las evidencias del delito cometido.

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