Redacción
El despliegue de personal militar durante las redadas migratorias en Los Ángeles generó tensiones en el Congreso de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que la presencia de tropas responde a una necesidad de control del orden público en apoyo a las autoridades migratorias. La operación incluyó más de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en distintos puntos de la ciudad.
La decisión de utilizar fuerzas militares en un contexto civil fue objeto de críticas, especialmente por parte de legisladores que señalaron posibles violaciones legales y un uso indebido de recursos del Departamento de Defensa. Las imágenes difundidas muestran a los efectivos resguardando a agentes durante arrestos, lo que ha alimentado la controversia sobre si estas acciones se acercan a tareas propias de cuerpos policiales, función restringida por ley para las fuerzas armadas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su desacuerdo con la intervención federal. A pesar de ello, el operativo avanzó con apoyo logístico y táctico por parte del Pentágono, en medio de protestas en distintos sectores de Los Ángeles, lo que incrementó el nivel de tensión social en las calles.
Durante una comparecencia ante el Congreso, Hegseth enfrentó cuestionamientos sobre el uso de fondos, el impacto en la preparación militar y la legalidad de la operación. El senador Jack Reed, entre otros, expresó preocupación por el precedente que podría sentar el uso de tropas en tareas asociadas a migración y orden interno.
El debate se desarrolla mientras otras prioridades internacionales, como el respaldo militar a Ucrania y acuerdos internacionales en curso, también están en revisión. La atención ahora se centra en la evaluación legal de esta estrategia y en las implicaciones políticas de su ejecución.
