Lilia González
Las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público, y Finanzas Públicas, de la LXII Legislatura iniciaron el análisis de la propuesta al Congreso de la Unión para excluir del límite anual del 3% de crecimiento en servicios personales, a las y los servidores públicos de seguridad pública y salud.
La propuesta es impulsada por el diputado morenista Edgar Samuel Ríos Moreno y plantea que se reforme la Fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para que los Estados y municipios cuenten con un instrumento real y financiero para contratar a los médicos que falten en hospitales y centros de salud y a policías desplegados en territorio.
Señaló que de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI, el país cuenta con un promedio con un policía estatal por cada mil habitantes, cifra debajo del 1.8 policías planteados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del 2.8 policías planteados por cada mil habitantes que recomienda la Organización de las Naciones Unidas.
“Muchos ayuntamientos mexiquenses requieren y tienen la voluntad de contratar más elementos o mejorar los salarios de sus corporaciones para fortalecer la seguridad, pero si rebasan el tope del 3% la ley los sanciona tachándolos de financieramente irresponsables”, sostuvo.
Lo mismo ocurre con el personal de salud, por lo que para corregir esta asimetría de origen, propone establecer que queden fuera del límite del crecimiento del 3% anual los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para garantizar las funciones de seguridad pública y salud, incluyendo a policías estatales y municipales, personal médico de enfermería, paramédico y afín.
Sin embargo, esta reforma no beneficiaría al personal administrativo ya que se mantendría el candado del 3% para la burocracia de escritorio.
“La excepción es únicamente para el personal operativo que está en centros de salud, patrullas, y en los territorios. La austeridad que promovemos en Morena cosiste en recortar los lujos de arriba y fortalecer la base social abajo, por ello, se mantiene la obligación de reportar los gastos y garantizar la rendición de cuentas”, agregó Ríos Moreno.
En la reunión de análisis, las diputadas Sara Alicia de la O (PT) y Sandra Patricia Santos Rodríguez (Morena), así como el priista Alejandro Castro Hernández respaldaron la propuesta al resaltar que la austeridad no tiene que ser ‘a rajatabla’, sino tiene que cuidar los recursos y atender las principales demandas ciudadanas. “Ni gasto sin control, ni disciplina que paralice al estado. Responsabilidad financiera sí, pero también capacidad institucional para proteger a las personas”.
