Redacción
El Poder Judicial del Estado de México y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios firmaron un convenio para implementar el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción 3.0, herramienta dirigida a identificar vulnerabilidades en procesos internos y establecer controles preventivos.
El acuerdo contempla la aplicación del MOGERIC 3.0 en distintas áreas del Poder Judicial mexiquense, con el propósito de revisar procedimientos institucionales, detectar riesgos y generar mecanismos de seguimiento que reduzcan espacios para posibles irregularidades.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Macedo García, señaló que la medida da continuidad al Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Corrupción y al Cohecho suscrito previamente por los tres órganos que integran el Poder Judicial.
El modelo permitirá analizar posibles riesgos relacionados con falta de honestidad, incumplimiento de responsabilidades y atención inadecuada a la ciudadanía, además de establecer mecanismos para dar seguimiento a las acciones correctivas que se determinen.
Óscar Bazán Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción estatal, explicó que la metodología busca identificar, valorar y atender riesgos de corrupción mediante evidencia, seguimiento y coordinación entre instituciones.
Por su parte, la magistrada Nancy Flores Mendoza, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, señaló que la herramienta permitirá evaluar áreas vulnerables y establecer controles para anticiparse a posibles irregularidades, con participación del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el propio Tribunal de Disciplina.
El presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez, recordó que el PJEdomex participó previamente en la fase piloto del modelo. La versión 3.0 contempla cinco etapas: identificación de riesgos; evaluación y análisis; priorización y atención; monitoreo y seguimiento; y revisión sistemática para la mejora continua.
Las instituciones participantes indicaron que la implementación deberá traducirse en acciones medibles, revisión permanente de procesos y mayores controles internos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
