POR Isabel Blancas
Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los ejidatarios y comuneros de San Jerónimo Acazulco y Coapanoaya aseguró que no fueron ellos los que han impedido que se lleven a cabo los trabajos de construcción del Tren Interurbano México-Toluca, sino la suspensión que otorgó el Juez Primero de Distrito en el amparo 109/2018.
Recordó que tuvieron que poner en marcha esta acción legal ante el incumplimiento de los acuerdos que la comunidad tuvo con las autoridades federales.
Petra Montes Torres, vocera de los que se dicen afectados por esa obra, aseguro que las comunidades no quieren dinero, como dice el secretario de Comunicaciones y Transportes del país, Gerardo Ruiz Esparza, quieren desarrollo, agua, bosques, educación y mejores condiciones.
