Redacción
Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas y Administración durante el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán, fue detenido en Metepec junto con cuatro personas más por su presunta participación en una red dedicada a la extorsión y suplantación de identidad de funcionarios y actores políticos.
El operativo se realizó en un inmueble del fraccionamiento La Providencia, donde también fueron detenidos su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como Agustín Arturo “N”, identificado como escolta del exfuncionario.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo obtenía números telefónicos y datos personales de políticos, funcionarios y empresarios para posteriormente establecer contacto con las víctimas y hacerse pasar por integrantes de oficinas gubernamentales o por personajes de alto nivel.
Las indagatorias señalan que los implicados habrían utilizado llamadas, mensajes y herramientas de inteligencia artificial para imitar voces y generar conversaciones falsas, con las que buscaban solicitar dinero, gestionar contrataciones o intervenir en decisiones administrativas.
En algunos casos, los supuestos apoyos económicos eran requeridos en efectivo y, cuando era necesario incorporar los recursos al sistema bancario, las autoridades investigan el posible uso de una empresa vinculada con una de las detenidas. Durante el cateo también fueron asegurados teléfonos, tarjetas SIM y vehículos.
La investigación identificó al menos 19 dispositivos móviles que habrían sido utilizados en las comunicaciones y que presentan correspondencia con números reportados por algunas de las víctimas, según la información difundida sobre el caso.
Los cinco detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. Un juez los vinculó a proceso por el delito de extorsión y les impuso prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.
Miranda Contreras ya enfrentó un proceso penal en 2017 por su presunta responsabilidad en un caso de peculado relacionado con pagos por 26 millones 680 mil pesos durante su paso por la administración pública de Michoacán; en ese procedimiento obtuvo la posibilidad de continuar el proceso en libertad después de cubrir una garantía.
